El obispo de Gerona se suma al de Lérida y pide el «certificado antipederastia» a sus trabajadores

Apenas un mes después de que el Obispado de Lérida anunciara que exigirá a sus catequistas y voluntarios que traten con niños el «certificado antipederastia», el obispo de Gerona, Francesc Pardo, ha anunciado este martes que se suma a la iniciativa.

El prelado ha pedido a las parroquias que sacerdotes, catequistas y voluntarios que trabajan en actividades de formación, catequesis o educación en el tiempo libre con menores aporten para el próximo curso el certificado conforme no tienen antecedentes por delitos sexuales. Según ha informado el portal de noticias religiosas CatalunyaReligió.cat, en total serán unas 800 personas, entre religiosos y laicos de la diócesis gerundense, los que tendrán que aportar este certificado en cumplimiento de la ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.

Carta a las parroquias

La petición del obispado se realizó el pasado día 26 de mayo a través de una carta dirigida a todas las parroquias a las que ha dado un plazo hasta finales de este mes de junio para que un centenar de rectores y responsables de parroquias aporten los datos y la documentación necesaria de catequistas y voluntarios.

Entonces será el mismo obispado el que realice la tramitación de forma agrupada ante el Ministerio de Justicia, aunque en la misma circular también se informa de la posibilidad de solicitar el certificado de forma individual.

También deben acreditarlo los del próximo curso

El obispado ha aclarado que el certificado de penales que determine la ausencia de antecedentes por delitos sexuales lo deben tener tanto los responsables y voluntarios actuales como los que ya se ha previsto que se incorporen por primera vez a actividades parroquiales a partir del próximo curso, informa Efe.

Se extiende la exigencia de certificado de delitos sexuales

Las diócesis de Coria-Cáceres y Mérida-Badajoz han anunciado esta semana que se suman a la exigencia del certificado de delitos sexuales para el clero diocesano, obligatorio también para los religiosos, personal y voluntarios que realizan actividades con menores, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Medidas de Protección de la Infancia. La primera diócesis en dar el paso fue Lérida, en mayo, seguida poco después de Cartagena-Murcia.

Agencias / Redacción