El multiculturalismo «se bloquea» ante la libertad religiosa

«La declaración Dignitatis humanae fue un importante fruto del Concilio largamente trabajado y de gestación difícil», ha afirmado este lunes Julio Martínez, de la Universidad Pontificia Comillas. Así lo ha manifestado durante la jornada El derecho a la libertad religiosa, organizada por la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la CEE.

En una primera ponencia dedicada a la libertad religiosa en el 60 aniversario de esta declaración conciliar, el que fue rector de Comillas ha contado que a la asamblea «llegaron pertrechadas dos posturas enfrentadas. En el desarrollo de las sesiones chocaron abiertamente una corriente que no admitía el cambio doctrinal y otra que aspiraba a sacar cosas nuevas, coherentes con las antiguas».

Sin embargo, las disputas de tipo teológico y metafísico no fueron más allá «y hubieran sido contraproducentes, porque se trataba de ir a lo práctico e inaplazable: el derecho a la libertad religiosa en su sentido político y jurídico».

Finalmente, para Julio Martínez, se impuso una declaración cuyo meollo fue que «propiamente ni la verdad ni el error tienen derecho. Los derechos no pueden tenerlos ni las cosas ni las ideas, sino las personas». Así, los padres conciliares se decantaron por un «sentido práctico» y una «parquedad teológica que no disminuyó entonces, y tampoco hoy, su valor».

El lugar del Estado

60 años después, «hemos ido elaborando una teología de la libertad religiosa» que tiene «como clave el concepto de orden público». Ello conlleva una «justa integración entre la instancia personal y la comunitaria», en la que «el Estado y la autoridad política son incompetentes para erigirse en jueces».

Así, «son las comunidades e instituciones de creyentes las que ponen sus mejores energías a favor del bien común, participando en la esfera pública de la sociedad», ha señalado el profesor de Comillas.

Esta dimensión pública de la libertad religiosa se opone «a la falacia de la neutralidad del espacio público. Es la laicidad del Estado la que está al servicio de una sociedad plural en el ámbito religioso. El Estado laico se sitúa como garante de la libertad», ha explicado.

Por el contrario, una sociedad laica «implicaría la negación social del hecho religioso o, al menos, del derecho a vivir la fe en sus dimensiones públicas». Esto es precisamente «algo contrario a la laicidad del Estado».

En el espacio público

En su intervención, Martínez ha lamentado casos de gran impacto mediático «como las prohibiciones del uso de los símbolos religiosos en lugares públicos», o la negativa de algunos representantes políticos a participar en actos religiosos «aduciendo que no quieren mezclar política y religión». También ha desenmascarado «el poder engañoso del multiculturalismo agnóstico, que ve maravillosa la pluralidad de culturas y grupos, pero se bloquea cuando sus expresiones tienen matriz religiosa».

En su opinión, «no todos los programas identitarios son igualmente viables en una sociedad que respeta la diversidad», pues hay identidades «que enriquecen la comunidad» y hay otras «que se excluyen a sí mismas». Por ello, ha abogado por «una cultura del diálogo y el encuentro sobre la base de la libertad religiosa», un paradigma basado «en levantar puentes y no muros, y en construir y no sembrar odios, miedo y el vacío».