El Ministerio de Interior, condenado por su falta de transparencia sobre los CIE

Tras varias acciones legales del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el Ministerio del Interior ha recibido en la mañana de este martes la condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se le acusaba de incumplir la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno al no facilitar a esta entidad humanitaria los datos que le solicitó a través del portal de transparencia en enero de 2023 sobre la realidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros durante todo 2022.

Según ha detallado el SJM, la Dirección General de Policía no dio respuesta a su solicitud hasta mayo de este año, tardando así más de un año y superando el plazo máximo establecido en el ordenamiento jurídico. Además, según amplía la entidad en un comunicado, la información que finalmente recibió «omitió cifras relativas al número de quejas registradas y al número de centros que cuentan con un jefe del servicio de sanidad en activo».

La sentencia obliga a la Administración a proporcionar al SJM todos los datos requeridos en el plazo de un mes. Además, sienta un precedente para que las instituciones sean más diligentes en su rendición de cuentas.

La entidad humanitaria reivindica que «el acceso a la información pública sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros es clave a la hora de poder construir los informes anuales en los que SJM contribuye a visibilizar la realidad de vulneración de derechos que existe en estos espacios». Y denuncian que la lentitud del Estado les ha dificultado comprender «cuáles son los recursos destinados» a estas instalaciones, «qué perfiles de personas» se encuentran en ellas retenidas y «cómo se construye la política migratoria del Gobierno en su vertiente más represiva con los derechos y más opaca en cuanto a su gestión».

Finalmente, el SJM aprovecha su comunicado para reiterarse en «la necesidad de cerrar los CIE y encontrar alternativas más humanas, previstas en el ordenamiento jurídico, para la respuesta ante la irregularidad administrativa de las personas extranjeras en el Estado español».