El ingreso mínimo vital llega a 1,7 millones de personas en febrero
El perfil de los beneficiarios es una mujer española de 45 años de media. Aunque hay jóvenes a partir de los 24 años y 10.000 personas con más de 65
El ingreso mínimo vital (IMV) ha llegado en febrero a 557.405 hogares en los que viven 1.669.361 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es la primera vez que se publica el número de prestaciones de IMV activas. Según la nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicada este jueves, se da a conocer esta información por primera vez «con el objetivo de ofrecer una información más detallada de la evolución de esta prestación, que ha tenido en febrero de 2024 una cuantía media de aproximadamente 500 euros por hogar». Esta nueva estadística se publicará mensualmente.
En el último año se ha producido un aumento considerable tanto del número de hogares como de beneficiarios del IMV. En el caso de los hogares, lo reciben 122.368 más que hace un año, lo que supone un aumento del 28,13 % respecto a febrero de 2023; mientras que el número de beneficiarios presenta una variación interanual del 34,75 %, con 430.519 beneficiarios más.
De los datos publicados se desprende que el perfil de beneficiarios es el de una mujer, en concreto el 66,6%. Además, el 82,3% es de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 45 años, aunque hay beneficiarios a partir de los 24 años y 10.304 con más de 65. En una gran proporción, las unidades de convivencia son hogares con menores, en concreto el 66,1%.
Solo el 16 % de hogares que deberían solicitarlo
Según un informe de Oxfam Intermón y del centro de pensamiento Future Policy Lab de febrero, el ingreso mínimo vital solo está llegando al 16 % de los hogares que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo. Las organizaciones aseguran que esta prestación podría reducir la tasa de pobreza severa en más de cinco puntos para toda España, pero está llegando solo a dos puntos de reducción.
El estudio, titulado La garantía de ingresos como derecho de ciudadanía. El impacto del ingreso mínimo vital y su articulación con las rentas mínimas autonómicas: una estimación, se basa en una simulación a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Hasta febrero de 2023, referencia del estudio, se habían aprobado 578.000 solicitudes, lo que implica 1,63 millones de personas beneficiarias en términos acumulados. Un 84 % de los hogares con derecho a la prestación según la normativa vigente quedaría, según estos datos, fuera de su alcance.
Según el estudio esto se debe a problemas de dos tipos. Por un lado, algunos requisitos y condiciones de acceso de la prestación impiden una cobertura más amplia. Por otro, problemas como el desconocimiento de su existencia, las dificultades relativas a la solicitud (brecha digital, burocracia…) o el estigma social asociado a ser beneficiario de este tipo de prestaciones hacen que algunas personas no lleguen a solicitarla.