El ingreso mínimo que no llega
El 96,4 % de las personas acompañadas por Cáritas en España siguen sin acceder a una de las medidas estrella del Gobierno. La respuesta de la Administración es el silencio
María (nombre ficticio) dice haber perdido la esperanza en recibir el ingreso mínimo vital (IMV). Lo pidió en junio del año pasado y no ha obtenido respuesta. Su situación hace incomprensible este retraso: es víctima de violencia de género, tiene una menor a su cargo –el padre no se hace cargo de la pensión– y cuenta con unos ingresos mensuales de 80 euros. A Cáritas Diocesana de Madrid le debe la posibilidad de habitar, desde hace años ya, una vivienda social. Ahora también la asesora con el IMV; acaban de presentar una reclamación por silencio administrativo.
Su caso forma parte del 96,4 % de personas acompañadas por Cáritas en todo el país que siguen sin acceder a una de las medidas estrella del Gobierno, la gran mayoría al no recibir ningún tipo de respuesta de la Administración.
Óscar Deleito, coordinador jurídico de Ingreso Mínimo Vital de Cáritas Diocesana de Madrid, señala que hasta el pasado mes de diciembre solo habían respondido, y de forma negativa, a una solicitud de las más de 200 presentadas. «Fue decepcionante», añade. Este año suman alguna resolución más, sobre todo, a reclamaciones por silencio administrativo, pero «el 80 % de las peticiones siguen sin respuesta».
Lo mismo sucede en Toledo. Allí, el equipo del Programa de Personas Sin Hogar ha tramitado casi 50 expedientes desde que se puso en marcha la prestación sin resultados. «¿Qué exclusión mayor puede haber que vivir en un albergue o en la calle?», se pregunta Virginia Rodríguez, coordinadora. En su opinión se están poniendo muchas trabas a la hora de acreditar el padrón, la unidad de convivencia o incluso la vulnerabilidad.
José Moyano no está en la calle gracias a que Cáritas lo ayuda con 200 euros para pagar una habitación en un piso compartido, a lo que suma 100 euros más de los Servicios Sociales, con los que cubre la alimentación. Su caso es paradigmático de persona excluida del mercado laboral por edad: tiene 61 años y problemas de salud, pues sufrió una angina de pecho en 2017 y algunas recaídas posteriormente. Y, sin embargo, tampoco sabe si le van a conceder o no el IMV.
Desde muy joven se dedicó al mundo de la electricidad, que luego desarrolló en el sector de la habilitación naval y, concretamente, en el diseño de instalaciones eléctricas para barcos. Ha viajado por medio mundo y habla inglés y francés. Le iba muy bien hasta que la crisis de 2008 cerró la empresa en la que trabajaba, y ya no volvió a trabajar más allá de periodos cortos. «Nunca me había planteado tener que pesar al milímetro un paquete de arroz para que me dure y poder sobrevivir», reconoce. Su día se resume en un paseo largo, una pequeña compra y muchas horas de lectura, que utiliza como vía de escape. Le gustan los clásicos; ahora mismo está con las reflexiones de Marco Aurelio.
De vuelta a Madrid, en una de las numerosas colas del hambre está Sofía Zaquiadi. La Fundación Madrina la ayuda con alimentos para ella y su hija de 7 años. Todos los viernes desde hace un mes acude al reparto de alimentos en la plaza de San Amaro de Madrid. Llega a toda prisa desde Vallecas y tras dejar a la niña en el colegio. Desde agosto no cobra ni un euro y desde hace tres ha tenido que dejar de pagar el alquiler. No puede más y el IMV no llega. «Nunca antes había estado así. Tengo 33 años y soy una trabajadora nata. De lo que sea», reconoce.
Estrella Dasilva es madre soltera –con un bebé de año y medio– y sin ingresos. Es feriante y la pandemia los ha llevado a la ruina. «No teníamos lujos, pero nunca nos había faltado para comer. ¿Qué te digo más?», afirma. Ella lleva esperando desde el 3 de julio.