El IMV no llega a quien debe por la burocracia

«Es importante hablar del ingreso mínimo vital (IMV) como un derecho» y no como «la última red de seguridad que te dan cuando no puedes más», explica a Alfa y Omega Alejandro García-Gil. Es el responsable de Políticas de Protección Social y Empleo de Oxfam Intermón y apunta que, según las cifras de su organización, esta ayuda «solo está llegando a una de cada dos personas que tienen derecho». Y eso sin contar a las personas con necesidades económicas que quedan fuera de la bolsa, como «migrantes que no estén regularizados», las personas sin hogar, no empadronadas, o entre 18 y 23 años, aunque huyan de un hogar violento.

Incluyendo a estos perfiles, el balance es peor. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada el 28 de febrero por el INE, en España hay 4,8 millones de personas en pobreza severa, de las que solo 1,7 millones reciben el IMV. García-Gil considera fundamental que todos los potenciales beneficiarios reciban la prestación. «Son personas que, pudiendo solicitarla, no lo hacen porque no tienen conocimiento de que exista o se piensan que no cumplen los requisitos». Recuerda que una persona que cobre 8.100 euros o menos al año puede pedirla «y tener hijos aumenta ese umbral». Y lo considera como una medida que puede dinamizar la economía de las personas, porque les «permite lavar la ropa más a menudo, ir aseados a una entrevista e iniciar ciclos laborales». Propone que, al igual que los jubilados cobran su pensión sin ningún trámite especial, que todas las personas susceptibles de recibir la ayuda lo hagan de oficio.

Ana Abril, coordinadora del equipo de incidencia política de Cáritas Española, opina que «el ingreso mínimo vital está sujeto a una burocracia indescriptible» que provoca que «muchas personas se queden excluidas». Por ejemplo, para comprobar los ingresos «se toman los datos de la declaración de la renta del año anterior». Algo que perjudica «a las personas en vulnerabilidad, cuyas vidas se caracterizan por la variabilidad». Abril considera que este escollo tendría fácil arreglo, pues varias comunidades autónomas estudian las cuentas con tres meses de antelación. Otro obstáculo que afecta a potenciales beneficiarios es el pequeño patrimonio que puedan tener. «Cáritas nos hablan de personas que tienen una finca rural improductiva o la quinta parte de un piso, pero nada tangible». También se une la brecha digital, que impide el derecho «a una atención presencial». Los potenciales usuarios, quienes a menudo no disponen de equipo informático en su casa, deben «escanear documentos, subirlos a una plataforma y relacionarse con una pantalla». Algo que «genera incertidumbre, cuando la única información que tienen sobre un ingreso que necesitan para vivir es que está “en trámite”».

Todo el gasto a la vivienda

Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, considera, a la luz de la última Encuesta de Condiciones de Vida, que, «por más que los ingresos se incrementen, el precio de la vivienda sigue la lógica de las últimas décadas». Llega a definirlo como «un pozo sin fondo que se lleva la mayor parte de los ingresos» y considera que «no podemos seguir dejándolo al libre albedrío». «Tenemos que buscar la forma de generar un acceso razonable», sostiene.

El primer paso que propone es ampliar «el parque de vivienda pública en alquiler», que en España se estima en el 1,4 % del total mientras «la media de la Unión Europea es del 9 %». Países Bajos supera el 29 %, pero otros países similares a España, como Italia con un 3,8 % o Malta con un 5,5 % demuestran que la apuesta es posible en el Mediterráneo. Flores es consciente de que «necesitaría un rodaje de varios años», pues las casas «no se pueden adquirir de un día para otro», pero sí considera que se pueden dar los primeros pasos. «Una familia que gana el salario mínimo interprofesional no puede vivir en la mayor parte de las ciudades de nuestro país, donde es difícil que un alquiler baje de los 650 euros», concluye.