El Gobierno rechaza «excluir a pacientes» por su edad

El Ministerio de Sanidad proscribió el 2 de abril que se pueda «excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales» o tratamientos «por razón únicamente de una edad avanzada resulta». Sería «discriminatorio» y «contrario» al Estado de Derecho. En situaciones como la actual, de «escasez extrema de recursos», la decisión sobre a quién aplicarlos se tendrá que atener a «los criterios clínicos de cada caso en particular».

En su Informe sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia, el ministerio subraya que «únicamente resultará legítimo acudir a criterios de priorización cuando se hayan agotado todas las posibilidades existentes para disponer de los recursos necesarios». En estos casos, algunos criterios generales serían la no discriminación, el máximo beneficio en recuperación de vidas humanas, la gravedad del paciente, sus expectativas de recuperación a su estado previo de salud y, por último, el orden de ingreso.

El Gobierno ha atendido así la petición del Comité de Bioética de España (CBE), que el día 25 de marzo pidió en un informe «unos criterios en la asignación de recursos que sean comunes para todos los españoles». Se hacía eco a su vez de la preocupación causada en el mundo de la discapacidad —y expresada al CBE tanto por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) como por la Dirección General de Políticas de Discapacidad— por las recomendaciones ante la pandemia del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Al abordar la priorización de pacientes, esta entidad incluía el concepto de «utilidad social» para valorar a quién asignar un recurso sanitario y recomendaba dar preferencia al criterio de «supervivencia libre de discapacidad» y no aplicar ventilación mecánica a pacientes con deterioro cognitivo. En los últimos días, también un documento de la Consejería de Sanidad de Cataluña aconsejaba «limitar el esfuerzo terapéutico» en mayores de 80 años.

Deber ético y legal de protección

«El término “utilidad social” nos parece extremadamente ambiguo y éticamente discutible —señalaba el informe del CBE—, porque todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es socialmente útil, en atención al propio valor ontológico». Considerar que la pérdida de unas vidas se compensa con las salvación de otras «con el fin de maximizar unos presuntos beneficios colectivos es incompatible con la primacía de la dignidad humana». Una valoración a la que su presidente, Federico de Montalvo, añade para Alfa y Omega que «España no tiene solo un deber ético sino legal» de evitar la discriminación de personas con discapacidad, pues ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recoge la obligación de garantizar su seguridad y protección en emergencias humanitarias (art. 11) y su derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación (art. 25).

De Montalvo fue uno de los autores principales del informe, y en una circunstancias poco comunes: tras recuperarse del COVID-19 (del que se contagió también gran parte del comité). Con ánimo de dar la dimensión adecuada a este problema, explica que los dilemas éticos son consustanciales a la medicina y que «el triaje es necesario. Es el método lógico de establecer cómo organizas unos recursos que, por muy buenos que sean, en algún momento están limitados». El acceso a urgencias o una lista de espera «son priorización, pero con un riesgo controlado», ya que se cuenta con que antes o después se va a poder atender a todos. «Ahora es mucho más trágico», pero —señala el informe— se debe evitar tanto el «conformismo» como el «excesivo estrés o incluso pánico» entre los sanitarios.

Por otro lado, el presidente del CBE reconoce que «es verdad que algunas discapacidades generan una peor esperanza de vida o una peor situación sanitaria de base», por las patologías asociadas. «Pero ahí lo que hay que valorar son las enfermedades particulares en cada caso», no la discapacidad como criterio general, pues habrá personas con la misma discapacidad en que no sea así. Lo mismo ocurre con la edad.

«Es importante anticiparse»

En este sentido, Montalvo acoge positivamente el informe del Ministerio de Sanidad. Aunque lamenta que se trate de un segundo texto bioético y no, como pedía el comité, «un documento técnico hecho por médicos con recomendaciones de fácil acceso y comprensión para los profesionales, pero revisado», eso sí, por bioéticos.

Añade que todo lo que haga ahora sobre criterios de priorización será trabajo adelantado para el futuro: «Nos vamos a encontrar de nuevo con esta cuestión a la hora de acceder a los tratamientos y las vacunas cuando existan. Es importante anticiparse». Una anticipación que también pide ante la posibilidad de que algunos médicos, que «están tomando decisiones muy difíciles, incluso en una especialidad que no es la suya», acaben ante los tribunales. «Hay que darles cobertura y tranquilidad».