El Gobierno de Ortega disuelve la Compañía de Jesús de Nicaragua

El Gobierno nicaragüense, que preside el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, canceló este miércoles la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús de Nicaragua y ordenó expropiar sus bienes, que incluyen una universidad y dos colegios privados.

La disolución de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, registrada desde el 16 de mayo de 1995, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta y recogido por la agencia EFE.

El acuerdo ministerial se da una semana después de que la Justicia de Nicaragua, controlada por los sandinistas, congelara las cuentas bancarias e inmovilizara las propiedades de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país centroamericano, tras ser acusada de delitos de terrorismo.

La UCA, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, rechazó los «señalamientos infundados» de las autoridades, y decidió suspender sus actividades académicas y administrativas.

En el acuerdo ministerial de este miércoles, la cartera de Gobernación sostuvo que la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua fue ilegalizada por «incumplimiento a las leyes», debido a que tenía su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020 y no reportaron sus estados financieros del período fiscal entre 2020 y 2022.

Gobernación la acusó de obstaculizar «el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro» de esa cartera, de no promover políticas de transparencia en la administración y manejo de la Asociación, y que el ente regulador desconocía «las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos son acorde a sus objetivos y fines».

Sobre la liquidación del patrimonio del organismo, que incluye a los colegios privados Loyola y Centroamérica, Gobernación explicó que corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.