El Gobierno aprueba su plan para «reparar» a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

Siguiendo las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para «prevenir, reparar y saldar la deuda con las víctimas» de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, también en los casos en los que estos delitos hayan prescrito, el Gobierno ha aprobado en la mañana del 23 de abril un plan que se aplicará hasta 2027, con medidas entre otras cosas para indemnizarlas.

«Es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad; y además no se entendería que no fuera así porque en todos los países de nuestro entorno ha sucedido», ha declarado al respecto en rueda de prensa Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Las medidas concretas seguirán cinco ejes clave de actuación: el reconocimiento y reparación, la atención a las víctimas, la prevención, la formación y sensibilización y la información e investigación de los casos. El plan contempla asimismo la organización de un acto público de «reparación simbólica» y la «reparación material suficiente para las víctimas» que no hayan dispuesto de una «oportunidad de reparación en el ámbito judicial».

Durante su intervención ante los periodistas en la mañana del martes, el ministro de la Presidencia ha revelado que ya ha iniciado contactos con la Iglesia para que «sufrague el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos» en su seno, ha señalado. «La semana pasada tuve ocasión de reunirme con el nuevo presidente de la Conferencia [el obispo de Valladolid, Luis Argüello], y me gustaría que el Gobierno pudiera trabajar con la Iglesia católica en la reparación de estos abusos sexuales». También ha opinado que «ese diálogo ha de continuar» para poner luz, especialmente en los casos de hace décadas con «dificultades probatorias» o «prescripción del delito obvias».

Bolaños ha valorado de modo positivo que la Iglesia católica haya reconocido «la existencia de estos abusos», ha subrayado su «voluntad de colaborar» y asegurado que «está trabajando en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales». Concluyendo su declaración, ha adelantado que el plan de respuesta al informe del Defensor del Pueblo establecerá el valor de las compensaciones de modo reglado e «independiente de la Iglesia católica». «Se adoptarán las medidas que correspondan», ha añadido.

«La centralidad» de cada víctima

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha señalado que «la acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que este plan propone», ha afirmado su secretario general, César García Magán. Magán ha ofrecido «la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra».

Sin embargo, el episcopado mantiene algunas críticas al plan de indemnizaciones de Bolaños. Por ejemplo, lamenta que, «al centrarse solo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema». Señala que las medidas propuestas «dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas» en España. «La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales», insiste el comunicado, que califica el plan como «un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado», que incurre en «un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones».

Pese a estas reservas, Magán ha matizado que, en cualquier caso, «la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para acompañarlas y repararlas».

Más medidas

En la comparecencia tras el Consejo de Ministros, Bolaños ha indicado también que se adoptarán medidas legales y administrativas para aquellos casos que no hayan tenido oportunidad de reparación en el ámbito judicial. «Por ejemplo, ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban», recoge Europa Press.

Bolaños también ha expuesto que el Gobierno quiere reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, en cuanto a las ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales en España.

Respecto al eje de atención a las víctimas, el ministro ha precisado que el Ejecutivo hará hincapié en la prestación de un trato «adecuado» y «óptimo» en las oficinas que el Ministerio de Justicia, de Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes tiene habilitadas. En este sentido, también tiene previsto generar «entornos seguros» con salas «amigables» para las declaraciones, para evitar que las víctimas puedan tener ningún contacto con su agresor. Asimismo, ha explicado que tienen previsto garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales que quieran acceder a ella.

En cuanto a la prevención, ha explicado que van a reforzar las labores de supervisión en las inspecciones educativas y que modificarán el Real Decreto de Inspección Educativa en España «para formar y dar mayores competencias a los inspectores educativos». Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo va a formar una nueva figura en los centros docentes, los coordinadores de bienestar y de protección, figura regulada por la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia.

También ha avanzado que el Ejecutivo tiene previsto realizar un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia, con el objetivo de conocer las causas donde se produce con mayor frecuencia, «para adoptar decisiones y políticas públicas que sean adecuadas a esta cuestión». Asimismo, ha indicado que van a mejorar todos los sistemas de obtención de datos para poder adoptar «mejores decisiones», con información que sea «actualizada» y que ayude.