El Gobierno aprobará la regularización extraordinaria de migrantes este martes

El Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. Se trata de una medida que ha pactado con Podemos, según la agencia EFE, pero que reclamaban desde hace meses las organizaciones impulsoras de la ILP para la regularización de migrantes.

En entrevista con Alfa y Omega, el director de la Fundación para la Ciudadanía Global, Jorge Serrano, reconocía en octubre de 2025 que las entidades promotoras «estamos valorando» un cambio de estrategia. «La regularización se puede aprobar mañana mismo, si el Gobierno quiere, a través de un real decreto», explicaba entonces Serrano. Por eso, los 700.000 firmantes y las 1.000 organizaciones sociales que hay detrás, «donde antes decíamos ILP ahora decimos real decreto y le pasamos la pelota al tejado del Ejecutivo», que ha reconocido en infinidad de ocasiones que la regularización extraordinaria beneficia a la economía y a los migrantes. «Si es tan buena, dejen el cálculo electoral y aprueben ya la medida», pedía Serrano, una propuesta que mañana previsiblemente verá la luz.

👏 Celebramos el acuerdo alcanzado para la Regularización de miles de personas migrantes. Una medida imprescindible para garantizar derechos que llevamos años reclamando junto a ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales. #ILPRegularizaciónhttps://t.co/R0qvgIbecd

— CEAR (@CEARefugio) January 26, 2026

Antes del 31 de diciembre

El Ejecutivo ha anunciado esa iniciativa minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, haya adelantado el acuerdo con el PSOE, que tiene como objetivo regularizar a en torno medio millón de personas, que podrán beneficiarse de la medida hasta el próximo 30 de junio.

En un acto celebrado en Madrid bajo el título Regularización Ya, Montero ha hecho este anuncio, que significará papeles para todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Y podrán hacerlo con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón.

Además, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.

La admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Apoyo masivo a la regularización extraordinaria de migrantes

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado que este real decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente y es fruto de un acuerdo con Podemos y de «una suma de voluntades que ponen en el centro a las personas».

La iniciativa retoma el mandato de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización que llegó al Congreso de los Diputados respaldada por más de 600.000 firmas, superó su primer trámite en la Cámara Baja -la toma en consideración- con el apoyo de todos los grupos menos Vox en abril de 2024 y llevaba desde entonces bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.

Según el Ministerio que dirige Elma Saiz, con este real decreto España «refuerza» un modelo de política migratoria «basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social».

No será necesaria convalidación parlamentaria

Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, como sí ocurre con los reales decretos-ley, que al mes de su aprobación y entrada en vigor precisan del aval del pleno del Congreso, lo que obliga al Ejecutivo a buscar los apoyos necesarios para sacarlos adelante.

Esta vía permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a sus medidas.

De hecho, ha habido precedentes de regularizaciones aprobadas por esta misma vía, como la que emprendió en 2001 el Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura, cuando el PP todavía no tenía mayoría absoluta en el Congreso.