El Gobierno acelera con la reforma de la ley del aborto

El Gobierno sigue adelante con su agenda ideológica. Esta vez le ha tocado el turno al aborto, cuyo acceso va a ser facilitado todavía más con el proyecto de ley que el Gobierno acaba de enviar al Congreso de los Diputados tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Una iniciativa sobre un asunto delicado que ha sido tramitada por la vía de urgencia y aprobada cuando gran parte de la población española todavía estaba de vacaciones y preocupada por el inicio de curso y la situación económica. La novedad de la norma —el texto definitivo no se conoce, aunque desde el Ministerio de Igualdad confirmaron a este semanario que se publicaría esta semana en el Boletín Oficial de las Cortes Generales— es la eliminación del consentimiento de los padres para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar. Además, para todas las mujeres se elimina el periodo de reflexión de tres días y la información obligatoria que se les entregaba. «Se empuja a la mujer a que tome una decisión muy rápido y sin apoyos. Sola. Se le dice que la mejor solución es el aborto y que se lo van a poner fácil. Es doloroso que se tenga esa visión de la mujer embarazada y que se considere al niño como una agresión», explica Amaya Azcona, directora general de RedMadre. Esta circunstancia es, en su opinión, todavía más grave en el caso de la menores, pues sin la defensa de sus padres «pueden quedar a merced de adultos que pueden abusar de ellas, dejarlas embarazadas y forzarlas a abortar». «Se podrían encubrir delitos», añade.

Su experiencia en el trabajo con adolescentes —sugiere que no hay tantos embarazos en estas edades, la mayoría son mujeres de entre 20 y 25 años— muestra que lo que suele ocurrir es lo contrario a lo que plantea la ley. Algunas familias no solo no obligan a las jóvenes a continuar con la gestación, sino que al ver el embarazo como un problema «las inducen al aborto». «Muchas nos llaman para que las ayudemos a dar la noticia a la familia y para continuar con el embarazo. Cuando se trata el tema con tranquilidad, se ven los recursos disponibles, si el padre se va a hacer cargo o si los abuelos van a ayudar, todo continúa. En general, el embarazo de una mujer joven es menos problemático de lo que la sociedad piensa», explica.

La ley tampoco contempla el caso de Alba (nombre ficticio), sin familia desde los 10 años, y que se quedó embarazada a los 16 cuando vivía en un centro de menores tutelados en Málaga. Tendría que dejar el recurso. Se vio en la calle, sola y sin apoyos. Una educadora le dijo incluso que le iban a quitar a su hija en cuanto naciese. Y, claro, «agobiada y estresada» por la situación y las presiones se planteó abortar. Incluso le gestionaron una cita en el centro de salud, pero antes de acudir entró en Google y encontró a RedMadre. El resultado es que hoy, ya con 18 años, vive feliz con su hija y el padre de esta. Bueno, le falta una cosa: un trabajo que le permita vivir un poco mejor. Se ha formado en hostelería y está buscando por la zona de Málaga. «Un embarazo a esta edad no es fácil, pero si tienes al alguien que te apoye sale adelante. Sin RedMadre no hubiese tomado la decisión de no abortar», explica la joven, que ahora también da charlas en colegios y repite que «hay que dar una oportunidad a los bebés, que ellos no tienen la culpa».

Además de la cuestión de las menores y de la reducción de información y reflexión, la norma prevé que el aborto se garantice en la red sanitaria pública y para ello se regulará la objeción de conciencia y, como en el caso de la Ley de la Eutanasia, se crearán listas de objetores, un extremo que es rechazado por las organizaciones médicas. Según Miguel Garrigós, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida este aspecto «es muy preocupante» y añade que deberían ser los médicos que están dispuestos a practicar abortos quienes se apunten en un registro: «No se puede señalar a personas que, por sus principios, no lo quieren hacer».

Del mismo modo advierte de una cuestión que ha pasado más desapercibida y que es también relevante: el refuerzo de la educación sexual en todos los niveles educativos o el reparto de preservativos en centros educativos. «Esta ley otorga al Estado competencias en materia de sexualidad desde una concepción ideológica. Es un atentado contra la conciencia de las personas. El Estado no me puede decir lo que tengo que pensar ni, por ejemplo, favorecer la anticoncepción en un momento de crisis demográfica. Es sorprendente», añade. Sobre esta última cuestión, la ley apuesta por la financiación pública de los anticonceptivos y la gratuidad de la píldora del día después.

Aunque el Gobierno cuenta con los apoyos parlamentarios para sacar adelante esta propuesta, Amaya Azcona no pierde la esperanza de que fracase. En cualquier caso, desde RedMadre seguirán «acompañando a las mujeres y hablando a la sociedad del bien que es la maternidad tanto a nivel personal como social».