El fracaso de un modelo

Aunque el interés mediático ha decrecido en las últimas semanas, la realidad es que la política migratoria en Canarias, según denuncian numerosas organizaciones –la Iglesia entre ellas–, sigue haciendo mella en los migrantes. Si en un primer momento fue el muelle de Arguineguín y luego el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, dependientes del Ministerio del Interior, ahora el foco se traslada a los campamentos abiertos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los seis prometidos –con capacidad para más de 6.500 personas– ya están operativos y son gestionados por diversas organizaciones: OIM, Accem, Cruz Roja y Fundación Cruz Blanca.

Salvo alguna excepción, la realidad de estos lugares dista mucho de ser la ideal para una persona que ha vivido un duro proceso migratorio, que no conoce el idioma ni la cultura y cuyo destino no está en las islas. A ello se suman las condiciones que, en muchos casos, no son las adecuadas. En este sentido, la palma se la llevan los recursos de Las Raíces y Las Canteras, ambos en La Laguna (Tenerife) y el de Canarias 50 en Gran Canaria. Todos superan el millar de plazas y Las Raíces dobla esta cifra.

Especialmente complicada es la situación en este último, que se ha convertido en el símbolo del «fracaso» de este modelo de macrocampamentos, tal y como ha denunciado Médicos del Mundo. Allí los problemas se suceden desde su apertura. Hay grupos de migrantes que decidieron abandonarlo y acampar a sus puertas, mientras que los que se han quedado sufren las consecuencias de vivir en carpas en un antiguo recinto militar, así como los conflictos, que han provocado que la Policía haya tenido que intervenir.

Isora Mesa, miembro de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, una organización ciudadana, explica que la situación en Las Raíces se encuentra en «un punto de no retorno». Refiere en conversación con Alfa y Omega varios intentos de suicidio. El último, la semana pasada: un chico pretendía lanzarse al vacío desde un balcón, aunque la Policía consiguió detenerlo. «No hay suficiente ropa de abrigo ni calzado. La comida es escasa y, a veces, está podrida. Las camas son de lona y apenas tienen dos minutos para ducharse con agua fría. Tampoco pueden cumplir los protocolos de la COVID-19, faltan trabajadores sociales y la atención sanitaria deja mucho que desear. La moral está cada vez más baja», explica.

Todas estas circunstancias provocan que en algunos momentos se puedan producir roces entre los migrantes –además, son de diferentes culturas, hablan idiomas distintos…– como el de Las Raíces hace dos semanas, que se saldó con varios heridos tras la intervención de la Policía. Isora Mesa no justifica la violencia, pero explica que hay que tener en cuenta «el nivel de estrés y presión» de estos migrantes, algunos de los cuales «llevan ocho meses» bloqueados en Canarias.

A Jesús González, delegado de Migraciones de la diócesis de Tenerife, le parece desproporcionada la cantidad de personas que se pueden alojar en estos campamentos: «Es la primera vez en España que se generan este tipo de recursos». Por ello, estima que «no son adecuados» y pide medidas más efectivas: «Que a estas alturas estemos dando este tipo de respuesta habla de la falta de previsión. Se sabía que la ruta canaria se iba a reactivar».

José Antonio Benítez, sacerdote claretiano y miembro del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias, pone el foco en los migrantes que, por una razón u otra, se quedan fuera de los campamentos. Así, estima que en estos momentos hay unos 300 en toda la región viviendo en la calle y que están siendo atendidos por la sociedad civil, como la citada Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife o Somos Red en Gran Canaria. Habla del campamento de Canarias 50, del que «la gente se va por la comida, el trato y las peleas continuas», y del Colegio León, gestionado por los franciscanos de la Cruz Blanca a través de su fundación, y donde, pese a las dificultades, «hay buen ambiente» y se hace «un trabajo espectacular».

Ignacio Gutiérrez Tapia, director de los centros de atención humanitaria de la Fundación Cruz Blanca, explica que ellos gestionan el recurso «desde una perspectiva integradora y transformadora de la vida de las personas». Por eso, es muy crítico con las organizaciones que lo hacen mirando el aspecto económico: «Si solo das comida, techo y cama y no les ofreces herramientas y habilidades para que puedan continuar con su ruta migratoria cuando salgan del campamento, te conviertes en parte del problema».