El Defensor del Pueblo rebate la versión del Gobierno sobre la tragedia de Melilla

Una por una, el Defensor del Pueblo ha rebatido las explicaciones que le ha enviado la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, sobre la actuación policial en la frontera entre Melilla y Marruecos el pasado 24 de junio, cuando fallecieron al menos 23 migrantes en un intento masivo de salto de la valla. La resolución confirma que no hubo una coordinación entre las policías española y marroquí, que no es creíble que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tuvieran constancia de la situación de riesgo o de la falta de garantías en los rechazos en la frontera.

La institución ya había informado a través de una nota de prensa el pasado 14 de octubre de la realización de este informe, aunque no lo publicó de forma íntegra en su página web hasta hace unos días. En él se incluye una breve narración de los hechos de acuerdo con los vídeos disponibles hasta ese momento.

«Las imágenes captadas por el helicóptero, el dron y la cámara del vallado ponen de manifiesto la situación de peligro que se desarrolló y de la que los agentes que participaron en el operativo debieran haber tenido información constante. No resulta plausible que no se tuviera conocimiento alguno de la situación de riesgo», recoge el texto.

Además, constata que el lanzamiento por ambas partes —migrantes y policías— de piedras y que algunos agentes españoles utilizasen un spray «pudo intensificar la situación de peligro». Y pone en cuestión el auxilio a las víctimas a pesar de que había una ambulancia a pocos metros: «También se observa en las imágenes captadas por el dron cómo hay dos cuerpos en la carretera sin que se aprecie en las imágenes que reciban atención sanitaria».

470 migrantes devueltos

El Defensor del Pueblo hace especial hincapié en lo que llama «entregas expeditivas o rechazos en frontera», más conocidas como devoluciones en caliente, como dejó constancia en la citada nota de prensa. El informe aporta que fueron 470 personas las que se devolvieron a Marruecos y 134 las que accedieron a territorio español.

Y añade: «Del visionado de las imágenes mencionadas se constata que algunos agentes marroquíes acceden a territorio español y que agentes españoles les hacen entrega de las personas que habían conseguido interceptar para su traslado a Marruecos». El problema radica en las devoluciones se realizaron en un lapso de tiempo de dos minutos, un tiempo claramente insuficiente para cumplir las garantías que establece el Tribunal Constitucional: entradas individualizadas, pleno control judicial y cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Finalmente, la resolución solicita al Ministerio del Interior que remita las imágenes y audios no enviados y hace una serie de recomendaciones: que desarrolle reglamentariamente la sentencia del Constitucional sobre el rechazo en frontera, que se deje constancia de que a los migrantes se le ha facilitado información sobre protección internacional y que se ha verificado las necesidades de protección internacional, que no es menor ni víctima de trata, que se revisen los protocolos ante los intentos de entrada irregulares en Ceuta y Melilla y que se potencie la información internacional para prever situaciones de presión fronteriza extrema.