El Defensor del Pueblo pide un reparto solidario entre autonomías de los menores llegados a Canarias

El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha vuelto a pedir a las comunidades autónomas «colaboración y solidaridad» con Canarias para dar respuesta a los 2.776 menores extranjeros no acompañados que se encuentran en estos momentos bajo la tutela del Gobierno insular. De hecho, según ha afirmado, «no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que supone su acogida».

Fernández Marugán, que presentó ante la Comisión Mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo el monográfico sobre la migración en Canarias y las conclusiones de la visita de varios técnicos de la institución a las islas entre el 11 y el 17 de abril, ha pedido al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 que acuerde «el reparto solidario de estos menores por todo el territorio». Además, ha solicitado que la Administración General del Estado destine «fondos con urgencia» para la atención de estos menores.

A fecha 9 de abril, según ha informado del propio defensor, solo tres autonomías habían respondido a los requerimientos de Canarias: Castilla y León, Extremadura y Navarra.

Por otra parte, ha señalado que en los últimos tiempos han aumentado las llegadas tanto de mujeres como de niños, una circunstancia que, en su opinión, «supone un nuevo reto para un sistema de acogida pensado para una migración fundamentalmente masculina, sin grandes problemas de salud y con un perfil netamente de migrantes económicos».

También denuncia que hay menores en centros de adultos «por la aplicación de unos protocolos inadecuados, que deben ser reformados» o que son separados de sus madres nada más llegar para comprobar el parentesco.

Libre circulación

Otro de los aspectos sobre los que se ha mostrado crítico Fernández Marugán tiene que ver con las restricciones a la movilidad de los migrantes, que ha pedido revertir: «No se pueden defender estas limitaciones por el control migratorio o por evitar un efecto llamada».

Además, ha recordado que muchas de las personas bloqueadas en Canarias no pueden ser expulsadas en estos momentos y, además, cuentan con familia en la península o en otro país europeo. «El paso del tiempo sin recibir información sobre su futuro hace que muchos no deseen permanecer en los centros de acogida», ha agregado.

Tras la visita de los técnicos a mediados de abril a 14 centros de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro, el defensor del Pueblo ha explicado que el Plan Canarias –se han puesto en marcha seis campamentos de acogida– empieza a ser una realidad: «Podemos decir que hemos iniciado el camino para solucionar la gestión de las llegadas».

En cualquier caso, ha recordado la necesidad de ordenar estas llegadas, de modo que estas se realicen por la vía legal, para lo cual ha pedido el refuerzo de la red consular española.

Evitar la improvisación

En este sentido, y ante los hechos que se produjeron durante el último trimestre de 2020 –con el muelle de Arguineguín como símbolo–, Fernández Marugán ha pedido «evitar la improvisación». Y para ello, ha sugerido que haya más personal y medios, así como protocolos y normas claras.

Y ha reiterado que «es inadecuado convertir determinadas zonas de España en lugares de privación de derechos con el simple argumento del control migratorio y del efecto llamada».

Finalmente, ha avisado de que «es previsible» que el número de llegadas aumenten a lo largo del verano. «Debemos estar preparados para dar una solución adecuada a este fenómeno que respete la dignidad de estas personas y sus derechos», ha concluido el defensor del Pueblo.