El crecimiento económico tiene, cada vez más, rostro migrante

Las estadísticas más recientes muestran hasta qué punto la inmigración se ha convertido en un motor decisivo de la economía española. A septiembre de 2025, los trabajadores extranjeros representan algo más del 15 % del empleo total. Mientras su peso en la economía aumenta, sus condiciones de vida —especialmente en territorios agrícolas como Almería— continúan oscilando entre la precariedad y la exclusión.

Níjar, con unos 33.000 habitantes, es de los municipios con mayor porcentaje de extranjeros de España: casi la mitad son migrantes, en su mayoría de Marruecos, aunque también del África subsahariana, Hispanoamérica y Europa del Este. La agricultura intensiva de la provincia —con unas 33.000 hectáreas de invernaderos y una producción anual que supera los 3.500 millones de kilos— necesita cada campaña miles de trabajadores.

Ese flujo constante de mano de obra convive con un déficit estructural: la falta de vivienda digna. Daniel Izuzquiza, director del Servicio Jesuita a Migrantes en Almería, resume la magnitud del problema: «Estamos hablando de al menos 3.500 personas viviendo en infravivienda en una población que no llega a las 35.000. Si una ciudad de un millón tuviera 100.000 personas en estas condiciones, escandalizaría».

Para Juan Antonio Miralles, director de Almería Acoge, el principal obstáculo para la integración es el aislamiento. «La mejor estrategia de integración es la vecindad, pero aquí no existe: la gente se tiene solo a sí misma», explica. Rubén Romero, responsable de incidencia de CEPAIM, advierte, además, de la exclusión institucional que sufren muchos migrantes por no poder empadronarse: «Son las personas más invisibilizadas entre las invisibilizadas». Los expertos convergen en un punto: el aislamiento, la segregación y la falta de papeles permiten que la situación se perpetúe.

Por ello, Izuzquiza valora como «muy positiva» la anunciada regularización extraordinaria de migrantes. Recuerda que surge tras años de movilización social y el impulso de una iniciativa legislativa popular apoyada por cientos de entidades, «en la que la Iglesia ha trabajado en red con otras organizaciones».

En Níjar el anuncio ha despertado una mezcla de ilusión y cautela. «Desde el principio ha generado mucha expectativa, esperanza y alegría», explica Izuzquiza. Pero también advierte de la incertidumbre que genera el proceso mientras no se conozca el texto definitivo. «En los matices se juegan los detalles importantes y hasta que no salga publicado en el BOE, no podremos saber exactamente cómo se aplicará». Esa incertidumbre ya está generando rumores y abusos. «Empieza a haber gente que promete documentación a cambio de dinero o habla de cupos limitados que no existen», alerta.

Según sus cálculos, miles de personas en la comarca podrán beneficiarse. El permiso de residencia y trabajo, además, no estaría limitado ni por territorio ni por sector, lo que permitiría a muchos salir de la dependencia exclusiva del campo.

Pero Izuzquiza señala que la regularización no resolverá por sí sola los problemas estructurales: «Es un paso imprescindible, pero no suficiente». El verdadero reto vendrá después: comprobar cuánta economía sumergida aflora y si las empresas formalizan los contratos. «Pasar de la invisibilidad a tener un estatus legal es un salto enorme», concluye. A Emmanuel y para miles de trabajadores sin papeles, les permitirá salir del lado oculto del mar de plástico.