El Consejo de Ministros avala el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Iglesia
El Gobierno «va a promover las reformas legislativas que sean necesarias para que las reparaciones estén exentas de tributación», ha confesado Bolaños
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llevado al Consejo de Ministros el acuerdo que la semana pasada suscribió con la Iglesia católica para atender a las víctimas de abusos cuyo caso no tenga recorrido judicial y que no quieran entrar en contacto directamente con la comisión asesora del PRIVA.
Durante la reunión, «hemos acordado que el Gobierno, en el contexto del acuerdo que firmamos la semana pasada con la Iglesia, va a promover las reformas legislativas que sean necesarias para que estas reparaciones, cuando sean económicas, las víctimas estén exentas de tributación», ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Informe del Defensor del Pueblo
Asimismo, el ministro ha asegurado que con el acuerdo, y su posterior desarrollo, «hemos dado cumplimiento íntegro a las recomendaciones del Defensor del Pueblo», que publicó un extenso informe en octubre de 2024 acerca de los abusos en el seno de la Iglesia católica. Al contrario, a juicio de Bolaños, «no se dio una respuesta adecuada por parte de la Iglesia católica», ya que, en «muchas ocasiones», estos hechos «se han ocultado, se han encubierto».
«Creo que todos somos conscientes de la revictimización, en ocasiones del doble dolor, que se ha provocado a estas víctimas. No solo el dolor del abuso sexual que sufrieron, sino también ese encubrimiento, ese descreimiento de lo que decían, ese tapar sus casos y, por tanto, generar situaciones absolutamente traumáticas para estas personas que han pasado por abusos sexuales», ha afirmado.
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— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 13, 2026
Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de @M_Presidencia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros y Ministras. https://t.co/o6Zs1hxmWl
Sistema acordado
El acuerdo implementará un sistema cuyo procedimiento será el siguiente: las víctimas presentarán su caso en una unidad de tramitación que se creará ex profeso dentro del Ministerio de Justicia. Esta remitirá el expediente a la oficina del Defensor del Pueblo, que estudiará los casos presentados y propondrá los términos de la reparación. Los mismos tendrán que ser valorados tanto por la comisión asesora del PRIVA, como por la víctima. Si ambos están de acuerdo, el proceso termina con la entrega de la reparación oportuna. En el caso en que haya disconformidad, el procedimiento será trasladado a la Comisión Mixta para la Resolución de Controversias (CMRC), que estará formada por distintos miembros nombrados por el ministerio, el Defensor del Pueblo y la Iglesia, con la participación de representantes de las víctimas. Si en la CMRC se alcanza una «decisión unánime, la propuesta será definitiva», se lee en el acuerdo. De lo contrario, será la Unidad de Atención a las Víctimas de la oficina del Defensor del Pueblo la que determinará la «resolución definitiva», que deberá ser acatada por todos.
