El CGPJ, último valladar

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es cuestión que no puede valorarse aisladamente. Es inevitable, además de lógico, analizarla considerando el momento institucional que vive España. Pedro Sánchez, desde su acceso a la presidencia del Gobierno, puso en marcha una estrategia de ocupación y control de las instituciones constitucionales y estatales básicas con el propósito de asegurarse su permanencia en el poder. La Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional (designación como vocales de un exministro de su gabinete y de una directora general del Ministerio de la Presidencia) son ejemplos notorios. Hay muchos otros. Pero hay asimismo decisiones, en el mismo fin, muy significativas: amnistiar a cambio de votos parlamentarios; poner la Mesa del Congreso de los Diputados al servicio de sus intereses políticos y personales; cerrar durante seis meses por decreto ley el Parlamento, órgano de control del Gobierno, o sustituir mediante innumerables decretos leyes —tiene el récord— la potestad legislativa de las cámaras. 

Ante tal panorama político e institucional, cobra especial trascendencia la elección de los futuros vocales del CGPJ. Vaya por delante que no hay justificación posible para dificultar la sustitución de los vocales con mandato cumplido. No hay, en efecto, justificación posible para incumplir la Constitución. Pero la razón demanda una explicación, que no justificación. ¿Qué hacer, en el terreno institucional, ante un Gobierno, coaligado con partidos confesadamente antisistema (Podemos-Sumar, Bildu, ERC, Junts, BNG), que pretende controlar el CGPJ y, a través de este, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de las comunidades autónomas? Voluntad de cumplir la Constitución, sin duda. Pero al demandar la ley una mayoría de tres quintos para la elección de los vocales del Consejo, es más que razonable plantear la negociación, nombre a nombre, de la elección de cada vocal. Y, por tanto, es legítimo vetar a candidatos propuestos que no tengan una nítida e indiscutible trayectoria constitucionalista o tengan o hayan tenido posiciones claramente progubernamentales. Roto el pacto constitucional por Pedro Sánchez y sus aliados parlamentarios, hay una obligación política de impedir una deriva antisistema en la configuración del CGPJ. La oposición tiene la obligación de cumplir la Constitución, en su letra y en su espíritu; pero la mayoría parlamentaria también. 

El pacto político entre partidos constitucionalistas es el fundamento primario de la vigente Constitución. Por eso se introdujeron mayorías cualificadas para ciertas decisiones. Cambiar el rumbo político-institucional de la nación mediante el control de los órganos constitucionales y estatales, a través de un bloque político, en buena medida antisistema, es políticamente inaceptable. El poder legítimo de una mayoría parlamentaria no alcanza, no puede alcanzar, hasta el vaciamiento de las instituciones para ponerlas al servicio de su perenne continuidad al frente del Ejecutivo. El proyecto de Sánchez, el realizado y el que está en ciernes, exige la convocatoria de unas elecciones generales en las que, por mínima honestidad política, debe plantear a los ciudadanos su verdadero propósito. Sin mentir, como hizo en la última campaña de elecciones parlamentarias. ¿Es legítimo cambiar el sistema institucional, basado en el pacto, sin planteárselo a los ciudadanos? En mi opinión, no lo es.