«El centro de menores es peor que la cárcel»

No es fácil ser un menor en el centro de acogida de Hortaleza. Sus instalaciones, pensadas como un refugio temporal, son un cajón de sastre donde se hacinan durante meses chavales de muy diversos perfiles, algunos con medidas judiciales: desde menores extranjeros no acompañados hasta chicos con problemas de consumo de drogas, pasando por menores cuyos padres están temporalmente incapacitados para hacerse cargo de ellos.

Con 35 plazas en su origen, el centro ha sido ampliado para albergar 55 camas, pero siguen siendo insuficientes para alojar a los 85 menores que residen allí. «Hay chavales que llevan durmiendo en el suelo diez meses», denuncia José Santos, educador social del centro. Y ha habido momentos peores. En octubre de 2018 el centro llegó a alojar a 172 chavales.

Estas condiciones de hacinamiento e insalubridad provocan que los menores, superados muchas veces por graves problemáticas que han tenido que afrontar a su corta edad, profundicen sus traumas sin recibir la atención que precisan. «La tarea educativa al final se convierte en asistencia. Cubrimos necesidades de comida y vestuario, pero no se puede hacer intervención psicosocial con ellos», lamenta Santos.

En teoría, los menores solo deberían pasar un mes en el centro mientras los educadores estudian sus perfiles y los derivan a un recurso específico. Sin embargo, la falta de plazas en estos programas dilata la espera. Muchos necesitan ayuda profesional urgentemente y mientras la Administración la pospone se agravan sus problemas. «Aquí hay chavales politoxicómanos. Están derivados a un recurso, pero no hay hueco para ellos y se eternizan aquí. Algunos llevan desde noviembre», subraya el educador social.

En la Comunidad de Madrid, una región con seis millones de habitantes, tan solo existe un centro público para estos perfiles necesitados de una atención específica. Es el de Picón del Jarama, dotado de 50 plazas y con una lista de espera kilométrica. Como resultado, los menores con trastornos de conducta y adiciones siguen esperando una vacante mientras su salud mental se resiente día a día. En el peor de los casos, alguno se comporta de modo violento, lo que complica aún más la convivencia. «Deberían estar en un recurso específico, la Comunidad de Madrid no está cumpliendo sus funciones», protesta Santos.

Opina igual Julián Moreno, un voluntario en el centro de acogida de Hortaleza que da clases de español a los menores de origen extranjero. Tras la negativa de una biblioteca pública a usar sus salas para esta tarea, emplea un local cercano que Cáritas le cede cuatro horas a la semana. Y aunque ha cosechado algunos éxitos, se ve incapaz de atender a los chavales con más problemas. Según comenta, no es raro verlos en el parque «inhalando disolvente con bolsas de plástico». Una práctica que escandaliza a los vecinos y ha provocado el veto de los chavales en varias tiendas.

El clima enrarecido que se respira en el centro de Hortaleza no solo ahonda las crisis de los menores, también pasa factura a sus técnicos. Aparte de educador social, José Santos es delegado de Salud Laboral en el centro de Hortaleza, lo que le lleva a denunciar la situación de sus compañeros. «Todos tenemos un nivel de ansiedad muy alto por ver a los chavales tirados por el suelo con colchones. Los compañeros lo han pasado muy mal y hay un índice muy alto de bajas».

Una alternativa para los menas

Varias organizaciones sociales ayudar a solucionar estas carencias. Una de ellas es Cáritas Diocesana de Madrid, que ha puesto en marcha un proyecto para menores no acompañados del que Oussama ha sido beneficiario. «Estar en el centro de menores era peor que la cárcel porque algunos chicos consumían drogas y no quería juntarme con ellos», dice este joven marroquí.

La iniciativa ofrece dos pisos compartidos a menores extranjeros que, según la Comunidad de Madrid, son capaces de llevar una vida independiente. José Antonio Jiménez, director del programa, explica la metodología que sigue para lograr su reinserción. «Estamos hablando de chavales de entre 14 y 16 años que necesitan que estemos siempre a su lado. Trabajamos desde la pedagogía de la presencia y la aceptación incondicional».

Este apoyo sin fisuras supone una sorpresa para los jóvenes, quienes han visto de todo durante su trayecto migratorio. «Normalmente, al principio no se fían de nosotros. Eso se consigue con el ejemplo», cuenta Jiménez. Una vez rota esta barrera, su proceso de inserción es mucho más fácil. «Como en una vivienda normal con una familia, hay un mínimo de normas que tienen que cumplir».

Sin embargo, la saturación de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid provoca que, de vez en cuando, la Administración envíe a recursos como este a algún menor con problemáticas para las que las entidades sociales no están preparadas. «Desde enero, tenemos unos 12 chavales con problemas de consumo o salud mental y probablemente alguno irá a un piso» pronostica Ana Pérez, educadora social del centro de Hortaleza.

Los primeros perjudicados son estos menores, que no reciben la atención a la que tienen derecho. Pero además, su presencia supone un elemento de tensión para los demás menores, advierte José Antonio Jiménez, insistiendo una vez más en la necesidad de que la Administración destine más recursos para ellos. De otro modo, la desatención que sufren estos menores tendrá mayores consecuencias para ellos y su entorno en el futuro.

Esta iniciativa que dirige Jiménez es una de las grandes apuestas de Cáritas Diocesana de Madrid a lo largo del último año. Un 2018 en el que, según revela la entidad benéfica en su memoria anual recientemente publicada, ha puesto en marcha 393 proyectos y servicios con el apoyo de 8.843 voluntarios. Los gastos de estas iniciativas, que suman un total de 30 millones de euros, proceden en un 77 % de aportaciones voluntarias y están ayudando a salir del círculo de la pobreza a 120.000 usuarios.