El traslado «no es una medida cautelar suficiente» ante un caso de abusos

«La Iglesia debe asumir el compromiso de hacer cuanto sea menester —desde criterios de justicia y caridad— para prevenir y, en la medida de lo posible, paliar el mal terrible que se deriva de las faltas que, en el seno de la Iglesia, hayan cometido o puedan cometer contra los más pequeños algunos sacerdotes consagrados o laicos con funciones concretas y oficios específicos».

Esta es una de las razones por las que la Conferencia Episcopal Española (CEE) acaba de publicar una instrucción sobre abusos sexuales, aprobada en la última reunión de la Asamblea Plenaria. El texto recoge toda la normativa que se ha ido promoviendo desde la Santa Sede, incluida la última actualización del motu proprio Vos estis lux mundi.

En esta tarea, la gran responsabilidad recae en el obispo, como se recoge en el Preámbulo del documento, pues debe «proteger y asegurar el bien común de los fieles» y «velar para que en la vida eclesial cada niño, joven, adulto o anciano pueda participar en un ambiente sano y seguro».

Así, la instrucción expone los pasos que seguir ante una denuncia: las medidas cautelares, la investigación previa, el procedimiento extrajudicial, el proceso judicial. También se pone negro sobre blanco cuáles deben ser las funciones de las oficinas diocesanas y del órgano de coordinación de la CEE.

Entre las normas que establece, recalca, por ejemplo, que «el mero traslado pastoral no es, en principio, una medida cautelar suficiente». También se insiste en varias ocasiones que «no se puede imponer ningún vínculo de silencio respecto de los hechos a quien realiza la denuncia, ni a la persona que afirma ser ofendida, ni a los testigos». Y deja claro que la investigación ha de realizarse «con un criterio preferencial de atención a la presunta víctima».

Los obispos recuerdan que este documento «contribuye a reforzar el compromiso institucional y normativo de la Iglesia en España para prevenir y afrontar los abusos», ya que «garantiza un modo de proceder unitario en todo el territorio».

Y añaden que la investigación canónica, de lo que trata la instrucción, no obstaculiza la que se pueda llevar a cabo ante las autoridades civiles. «Los obispos reafirmamos el principio de colaboración con la justicia secular, comprometiéndonos a respetar e incluso alentar el que las víctimas ejerzan el derecho a actuar según su conciencia en lo que se refiere a la denuncia ante las autoridades estatales», concluyen.