El Bidasoa, un cementerio de migrantes en la UE

Irún (Guipúzcoa) siempre ha sido un lugar de tránsito migratorio. Es una de las vías de salida desde nuestro país hacia Francia y, de ahí, al norte y al centro de Europa. Está documentado, en los años 70, el paso de portugueses con destino a un trabajo y a una vida de prosperidad. Algunos de estos se quedaron en el camino al morir ahogados en las aguas del río Bidasoa cuando intentaban cruzar al país vecino. No eran los tiempos de Schengen y la Unión Europea —en aquella época sumaba nueve miembros—, que todavía era muy incipiente. Nunca se detuvo el goteo, pero 50 años después, los migrantes en tránsito en este lugar se han multiplicado, sobre todo desde 2018 y, lo más preocupante, se vuelven a repetir las muertes del pasado. Son varios los datos que confirman estas afirmaciones. Por ejemplo, en 2021 pasaron por los recursos públicos de acogida en Irún un total de 8.115 migrantes, mientras que en lo que llevamos de año son ya 4.000. En 2019 habían sido 4.244. La red de acogida ciudadana Irungo Harrera Sarea ha atendido a más de 20.000 personas en cuatro años. Además, en el último año y medio han fallecido nueve migrantes al cruzar la frontera, la mayoría (seis) en el río Bidasoa.

Ante esta situación, son varias las preguntas que habría que responder. ¿Por qué pasan más migrantes por Irún en los últimos años? ¿Por qué no pasan por los lugares habilitados ya que, al estar en el Espacio Schengen, habría menos controles?, o ¿por qué cruzan por el río arriesgando la vida?

El aumento del flujo migratorio se explica en el cambio de ruta desde el Mediterráneo central a la frontera sur de nuestro país, según constata en conversación con Alfa y Omega Iker Barbero, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) y director del proyecto Transiteus, de investigación sobre la migración en tránsito. De hecho, según explica Xabier Legarreta, director de Migración y Asilo del Gobierno vasco, el 87 % de las personas que llegan a los recursos habilitados en Irún proceden de Canarias. Las muertes se explican por el férreo control de la frontera por parte de la Policía francesa, establecido desde 2015 tras los grandes atentados terroristas en el país, que provocaron que permanezca en un estado de alerta continuo desde entonces. «Hay controles permanentes, selectivos y discriminatorios que hacen imposible el cruce. Si vas en autobús, te paran y te devuelven. Entonces, algunos lo intentan andando o utilizan vías alternativas como pagar un taxi de dudosa legalidad o cruzando el río, donde se puede morir», añade Barbero.

Legarreta es más contundente y habla para este semanario de «controles racistas», de «prácticas que van en contra de los acuerdos europeos y de Schengen». Y añade: «De los autobuses solo bajan a personas de color y se producen devoluciones en caliente».

Aunque la responsabilidad principal es de las autoridades galas, el investigador de la UPV añade que, en muchas ocasiones, los migrantes se ven obligados a cruzar por vías que no son seguras por la presión de tener que dejar el recurso donde pernoctan y cubren sus necesidades básicas. Y esto depende de las administraciones españolas. «Se les agotan los días, se quedan sin dinero y necesitan llegar al lugar donde está su red de apoyo», subraya. Desde Irango Harrera Sarea, donde también participa la Iglesia a través de laicos a título personal, y de Migrantes con Derechos, Ohiana Galardi confirma que esto está sucediendo y que, además, hay migrantes que se quedan en la calle, pues no pueden acceder al albergue, gestionado por Cruz Roja, si llevan más de un año en el país.

Ante esta situación, los propios ciudadanos a través de la citada red son los que están dando respuesta a las necesidades básicas no cubiertas. Por ejemplo, cada noche acuden a la estación de tren para dar una primera bienvenida a los migrantes e indicar cómo llegar al albergue, pues lo más probable es que si buscan en internet el emplazamiento acaben en la sede de la Cruz Roja o en una residencia de ancianos de la entidad. Además, todas las mañanas, en torno a las 10:00 horas, montan una mesa en la plaza de la localidad para ofrecerles información sobre sus deberes, derechos, los riesgos de cruzar el río, la frontera o de escapar de la Policía francesa. También les dan ropa adecuada a la época del año y propia, pues la del recurso público suele proceder de donaciones institucionales y da la sensación de que van uniformados. «De alguna manera, se les señala. Queremos dignificar a la persona, que puedan elegir», explica Galardi. En su opinión, los controles de Francia «no son antiterroristas, sino migratorios y con base en un perfil racial». «Lo estamos viendo en toda la frontera sur de Francia y no en el norte, que es por donde entraron las personas que cometieron los atentados», añade.

Para Iker Barbero, la solución pasa por construir «más Europa» y, por tanto, por que las autoridades francesas levanten los controles. «Si algo nos hace europeos es el espacio de circulación. Hacen falta más libertades y más derechos. Una Europa de fronteras y de vulneración de derechos es menos Europa», concluye el investigador.

¿Una solución para los temporeros?

La realidad de los asentamientos de temporeros en Huelva viene de muy atrás. Las entidades sociales, entre ellas Cáritas, y los ayuntamientos afectados reclaman desde hace años una solución. Los migrantes que allí viven y que realizan un trabajo esencial —la recogida del fruto rojo— están en condiciones infrahumanas, muchas veces sin agua y sin las medidas higiénicas mínimas. El relator de la ONU sobre la extrema pobreza, que visitó España en 2020, llegó a decir que la situación era peor que en los campos de refugiados.

Desde aquella fuerte denuncia ya han pasado más de dos años y los campamentos siguen ahí. Los incendios son habituales y, en ocasiones, se cobran la vida de los migrantes. Mohamed, marroquí de 27 años y que llevaba en nuestro país más de un año, fue la última víctima mortal el pasado mes de abril.

Según explica Concepción Martín, delegada de Migraciones de la diócesis de Huelva, durante los últimos meses se han producido muchos fuegos en un corto periodo de tiempo. Además, añade que, con la campaña que acaba de terminar, los problemas se intensifican. Si habitualmente viven en estos lugares en torno a 1.000 personas, durante los meses de recogida pueden llegar hasta las 5.000. «Están trabajando en condiciones duras y no tienen una vida que les facilite el descanso, el aseo y la alimentación», explica a Alfa y Omega.

Desde la Administración se acaba de dar un primer paso para poner fin a estos asentamientos con la firma de un protocolo entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y los municipios de Lepe y Moguer. Se trata de impulsar la construcción de espacios habitacionales para los temporeros que viven habitualmente en la zona o llegan exclusivamente para participar en la campaña, de modo que no tengan que recurrir a chabolas. Esto incluye la construcción de albergues o la derivación a viviendas en núcleos urbanos.

Según explicó durante la firma el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, «se da un paso importante para ofrecer una solución a las infraviviendas de los temporeros, denunciadas por Naciones Unidas». Santiago anunció que el Gobierno va a realizar una primera inversión de cinco millones de euros para que los citados ayuntamientos desarrollen estas infraestructuras. Además, se elaborará un plan que pueda ser extrapolable a otras provincias y una comisión de seguimiento. Por su parte, la consejera de Igualdad de Andalucía, Rocío Ruiz, se felicitó por el consenso entre administraciones para dar una respuesta «decidida y pionera» a esta cuestión.

Desde la Iglesia, continúa Martín, se ve con buenos ojos esta iniciativa y espera que «el interés sea más serio que en ocasiones anteriores». Además de la oferta de soluciones habitacionales, la responsable de Migraciones de la diócesis onubense reclama que se faciliten a los empresarios los permisos para construir albergues para sus trabajadores, que se tengan en cuenta otro tipo de necesidades de los migrantes —adicciones, enfermedades mentales…— y que se lleve a cabo —hay en marcha una iniciativa legislativa popular— la regularización de medio millón de migrantes que viven en España. «Sería una solución mucho más fácil. Los empresarios necesitan mano de obra y muchas veces tienen que ir fuera a buscarla», concluye.