El archivo de Cuenca muestra cómo era de verdad la Inquisición

Buena parte del imaginario popular sobre la Inquisición se ha exagerado, asegura Miriam Olivares Santamaría, responsable del fondo histórico del Archivo Diocesano de Cuenca. Habla con conocimiento, pues las estanterías bajo su responsabilidad contienen la inmensa mayoría de documentación del tribunal del Santo Oficio en Cuenca, que es del que se conserva más documentación. Matiza que «no superamos al Archivo Histórico Nacional, que custodia los fondos del Consejo de la Suprema y General Inquisición» —su máximo órgano de gobierno—. Pero sí a sedes más importantes, como Toledo o Valencia.

Recuerda que no se trataba de tribunales diocesanos sino que, aunque se ocupaban de temas religiosos, estaban «subordinados a la Corona». Los implantaron los Reyes Católicos porque «querían promover la unidad religiosa». Y no había uno por diócesis, sino que existieron solo en 15 ciudades. El de Cuenca se fundó en 1489 y tuvo su primera sede en el palacio episcopal. El Archivo Diocesano alberga más de 10.000 expedientes suyos, repartidos en 850 legajos y 145 libros. No todo corresponde a juicios por delitos de índole religiosa. «Hay también expedientes para analizar la limpieza de sangre de personas que iban a trabajar en el tribunal, procesos civiles de reclamación de privilegios y otros contra familiares de sus miembros», explica Olivares. Todo ello en consonancia con las exhaustivas instrucciones del Consejo de la Suprema sobre «qué documentación crear y cómo guardarla». 

Esos escritos ilustran qué delitos se perseguían, cómo eran los procesos y las garantías para los acusados. Sobre la primera cuestión, la técnica explica que al principio había muchas acusaciones contra conversos por mantener creencias judías. También se juzgaban «todos los actos contra la fe, herejías, blasfemias y palabras malsonantes» y profanaciones contra imágenes religiosas; «incluso bigamia».

Para apresar a alguien por cualquiera de estas prácticas «hacían falta tres denuncias claras y fidedignas», no simples rumores, presentadas «bajo juramento», detalla Olivares. Estas denuncias eran sometidas a los «calificadores», similares a peritos, que las valoraban antes de continuar el proceso. Los presos tenían abogado y los procesos duraban meses o años. La tortura era excepcional y estaba muy regulada. «En algún caso que se usó, se cuenta de forma escrupulosa».

Por otro lado, «las condenas no siempre eran a muerte». Había penas leves como «retractarse en público; penitencias espirituales como ir a una serie de iglesias» o llevar un sambenito, un escapulario que se ponía a los penitentes. En otros casos el acusado recibía azotes o era enviado a galeras, señala Olivares. En los casos de condenas más graves, se traspasaba a las autoridades civiles el dictar la sentencia concreta o el ejecutarla. En Cuenca aún no ha sido posible estudiar los casos uno por uno para saber qué porcentaje de denuncias resultaba en condena. Pero a nivel nacional se sabe que «las condenas a muerte en tres siglos y medio no superaron el 3 %». Y ni siquiera todas fueron reales, pues entre estas se cuentan también los casos de reos fugados o que nunca habían sido capturados y que eran «quemados en efigie», prendiendo fuego a un muñeco.

Una curiosidad de la sección de la Inquisición en el Archivo Diocesano de Cuenca es que además de los documentos del tribunal incluye parte de lo que se podría considerar su almacén de pruebas. «Cuando iban a detener al sospechoso, se apropiaban de sus documentos» y de objetos que pudieran estar relacionados con el delito. Uno de los más llamativos es un pañuelo de un caso sobre prácticas judaizantes en el que aparece repetida la palabra Almaria, de significado desconocido. También custodian cuadernos de hechicería con esquemas llenos de signos esotéricos, cosidos al resto del proceso contra Jerónimo de Liébana, que fue condenado a azotes y galeras; o una figurilla de un Cristo de cera que apareció en el baúl de alguien acusado de irreverencia contra un santo.

La riqueza de este fondo suscita gran interés entre los investigadores. El 40 % de las consultas que recibe el archivo están relacionadas con él —otro 40 % con la genealogía— y proceden también del extranjero. «El mes pasado vino uno de Estados Unidos», apunta Olivares. En su caso «se centró en los casos de profanación o irreverencia contra objetos de arte».