El alza de precios se ceba con las familias vulnerables
El coste de los bienes básicos ha crecido entre el 15 y el 20 % el último año para un hogar medio. «Los que tienen menos recursos se verán desbordados», denuncia Cáritas
Manuel Asumu, natural de Guinea Ecuatorial, lleva 20 años en España con su madre. Por la falta de trabajo y por la pandemia –se quedaron sin ingresos– tuvo que pedir ayuda a Cáritas en Alcalá de Henares, donde vive. Se enfrentaba a no poder comer, no pagar los suministros más básicos y a un desahucio al acumularse los impagos de la hipoteca. Cáritas le dio alimentos durante un tiempo y formación, y hoy trabaja en Sushita Café, que le ha hecho un contrato indefinido apenas cuatro meses después de entrar en la empresa de la mano de la entidad eclesial. Así podrá resolver más fácilmente los problemas con el banco y negociar una cuota. Su situación es mejor que la del año pasado, pero el alza de los precios amenaza con echar a perder el camino recorrido. «Nos afecta mucho esta subida. El aceite, por ejemplo, está muy caro y tenemos que pagar la luz, el agua, la calefacción… No sé cómo vamos a hacer cuando asumamos también la hipoteca. Mi sueldo no es muy elevado», explica Asumu en conversación con Alfa y Omega. Para llegar a fin de mes recorren varios supermercados buscando los precios más económicos y limitan el consumo de frescos. El pescado, solo congelado. Eso sí, cuenta con la ventaja de que come en el trabajo, un ahorro que agradece.
La de Manuel es una de esas miles de familias vulnerables a quienes la coyuntura actual afecta con mayor virulencia. De hecho, un reciente estudio de Caixabank Research, concluye que la inflación –del 7,6 % en febrero– «tiene un mayor impacto en los tramos de renta más baja». Esto es así porque la subida incluye a bienes y servicios de primera necesidad como los alimentos, la electricidad, el alquiler o la calefacción, que no se pueden eliminar ni sustituir. Además, ocupan un porcentaje del presupuesto familiar mucho más elevado que el de hogares con rentas superiores.
Según explica a este semanario Thomas Ulbrich, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas Española, los gastos en alimentos, vivienda y transporte de una familia media en el último año se han visto incrementados entre un 15 y un 20 %, lo que supone una media de 100 euros al mes. «Para un hogar medio es un coste asumible, pero los que tienen menos recursos verán desbordada su economía familiar. Probablemente tendrán muchas dificultades para cubrir esos gastos o simplemente limitarlos», explica. Señala, precisamente, que la reducción de gastos es la estrategia más utilizada por las familias que se encuentran en esta situación. Según el último informe FOESSA, tres de cada diez se habían visto obligadas a reducirlos, una cifra que se eleva hasta seis si nos referimos a familias en situación de exclusión social.
El técnico de Cáritas Española pone el foco en que la coyuntura actual se suma a la crisis provocada por la COVID-19 y de la que muchas personas todavía no se habían recuperado: «La situación de las familias que se encontraban ya en una situación compleja se va a ver agravada», afirma, al tiempo que no descarta que tengan que acudir a los servicios de Cáritas nuevas personas u otras que llevaban tiempo sin hacerlo. Le preocupa especialmente el impacto de la subida de los carburantes en los sectores con empleos menos cualificados, pues «van a verse golpeados una vez más». «Es la tercer vez en pocos años», añade.
Lucía Gallardo, trabajadora social de Cáritas Diocesana de Alcalá, explica desde el terreno que las necesidades se han ido agrandando desde la pandemia y confirma que el alza de precios amenaza la situación de personas como Manuel. «Aunque él ya ha terminado su proceso con nosotros, sabe que si su situación empeora puede volver a recibir nuestra ayuda. Si esto continúa así vamos a tener que apoyar a más familias», reconoce.
La respuesta adecuada a esta situación, según explica Ulbrich, pasa por estabilizar en el tiempo medidas provisionales que se pusieron en marcha durante la pandemia referidas a la protección de la vivienda, la alimentación y la salud. También reivindica que se garantice el ingreso mínimo y se amplíe su cobertura y alcance. Y mientras el malestar social crece –hay movilizaciones y paros en distintos sectores, sobre todo, en el del transporte– el Gobierno ha anunciado que prorrogará las rebajas fiscales a la electricidad y que a partir del próximo día 29 la luz, el gas y la gasolina serán más baratos.