El aborto y el progreso mal entendido

Pongamos negro sobre blanco algunos datos: en 2020 se produjeron en España 88.269 abortos frente a los 99.149 del 2019, con un descenso fruto de la pandemia y del confinamiento durante parte del año. El último informe del Ministerio de Sanidad —hecho público hace unos días casi de tapadillo— recoge, además, que nueve de cada diez abortos se hicieron a petición de la mujer, sin alegar otro motivo; que hubo 8.664 entre menores de 19 años, o que más de un tercio de las mujeres que fueron a abortar, ya lo habían hecho antes. Lo dramático es que se ha normalizado de tal forma la llamada interrupción voluntaria del embarazo que, con estas cifras, ya no es que ni siquiera haya un debate social sobre cómo reducirlas, sino que incluso el Gobierno y distintos grupos quieren ahondar en la práctica.

En junio el Parlamento Europeo aprobó una resolución —conocida como informe Matic— en la que instaba a los Estados miembro a promover el «acceso a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos» y negaba el derecho a la objeción de conciencia. Y ahora la mayoría del Congreso quiere reformar el Código Penal para que se castigue con cárcel a quienes se concentran ante las clínicas abortistas, mientras el Gobierno plantea una reforma de la ley Aído para añadir trabas a los médicos objetores. Como subrayó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello tras la Comisión Permanente, es «verdaderamente preocupante» que esto se vea como un avance y que se considere «ultraconservador» oponerse al aborto y defender la vida.

En esta línea, hace poco, el Papa Francisco volvió a asegurar que el aborto es «un homicidio» y lanzó una pregunta siempre oportuna: «¿Es justo eliminar, mandar fuera, una vida humana para resolver un problema?». ¿Es de verdad progresista desentenderse así de un niño y de la madre que lo lleva en su vientre? ¿Esta es toda la propuesta que podemos hacer como sociedad?