El aborto crece en España y los objetores a la ley serán fichados

El mismo día —28 de septiembre— en el que el Papa homenajeaba durante su viaje a Luxemburgo y Bélgica la memoria del rey Balduino, que abdicó temporalmente en 1990 al trono de Bélgica para no tener que firmar la ley del aborto, el Ministerio de Sanidad de España comunicaba los datos de esta práctica referentes a 2023. El año pasado se registraron un total de 103.097 abortos en nuestro país, lo que representa un aumento del 4,8 % respecto al año anterior, cuando se practicaron 98.316; y del 8,7 % desde 2014. Estamos hablando de una tasa de 12,22 infanticidios por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, un dato preocupantemente próximo al máximo histórico que se marcó en 2011. En 2022 esa misma tasa era 11,68 y hace diez años, 10,46.

A Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, sin embargo, no le gusta entretenerse en las cifras «porque cada vida que ha sido eliminada es única e irrepetible», afirma. Y advierte: «Nos podemos perder un poco en los datos sin terminar de darnos cuenta de que detrás de cada uno de ellos hay una persona a la que se le ha quitado la vida de manera crudelísima en el seno de su madre», denuncia justo antes de citar «al gran genocida» Stalin. «Él siempre decía: “Una muerte es una tragedia, un millón de ellas es una estadística”». Por ello, Latorre invita a no esperar soluciones maximalistas. «Llegará el día en el que los políticos se den cuenta de sus leyes injustas e inhumanas», sostiene la presidenta; pero hasta entonces «urge defender la vida en primera persona. Todos podemos salvar vidas», por ejemplo «ayudando a esa mujer embarazada que tenemos cerca» y que se está planteando acabar con la vida de su hijo, «o a las asociaciones» del sector, concluye Alicia Latorre, quien durante la entrevista ha obviado conscientemente utilizar el eufemismo «interrupción voluntario del embarazo».

Al día siguiente de visitar la tumba de Balduino, el Santo Padre también quiso poner la cuestión negro sobre blanco y se refirió a los médicos que practican abortos como «sicarios», porque «no olvidemos decir esto: un aborto es un asesinato». Una declaración de Francisco que se produjo durante la rueda de prensa a bordo del avión papal de regreso a Roma y que levantó ampollas en Bélgica, hasta el punto de que el primer ministro en funciones convocó al nuncio en el país para pedirle explicaciones.

En la acera de enfrente de los sicarios se encuentran los objetores, que rechazan en conciencia participar en intervenciones que provoquen la muerte de un ser humano. Una decisión a la que tienen derecho —reconocido incluso en la ley del aborto­— pero que les podría acarrear represalias. Un día después de las palabras del Pontífice, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que en los próximos días estará listo el borrador de protocolo para el registro de personas objetoras al aborto. El objetivo es «que ninguna comunidad se pueda amparar en ese vacío legal» para que el aborto «no se lleve a cabo en la sanidad pública».

Más allá de la intención oficial, la presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario (ANDOC), Eva Martín, cree sin embargo que el Ejecutivo trata de amedrentar de alguna forma a los profesionales de la salud. «Si lo que se pretende es garantizar el aborto en todas las comunidades autónomas, ¿no será más fácil crear un registro de personas que sí estarían dispuestas a hacerlo?», reflexiona.

—En este sentido, ¿esperan algún tipo de represalia?

—Desgraciadamente sí. Ya está ocurriendo. Hay enfermeros jóvenes, por ejemplo, a los que prácticamente los están obligando. Son gente que tiene contratos precarios y, o realizan abortos, o se quedan sin sus puestos de trabajo.