El 68 % de las mujeres internadas en el CIE de Madrid sufrió violencia

Mundo en Movimiento acaba de presentar su informe Represión y encierro. Análisis interseccional de la violencia en el internamiento de personas extranjeras, un trabajo que refleja en profundidad la situación de las mujeres en el CIE de Aluche en Madrid en los años 2021 y 2022. El trabajo, basado en datos estadísticos y testimonios —la organización ha acompañado a todas las mujeres, 62 en total—, concluye que el 68 % de ellas sufrió violencia durante su estancia en el centro.

Además, señala que el 69 % fue privada de libertad por estar en situación irregular y pese a llevar, de media, seis años en España. El 90 % desempeñaba una actividad económica, mientras que al menos dos de cada tres tenían familiares a cargo. Las procedencias más repetidas son América Latina (65 %) y el este de Europa (19 %).

«Es lamentable que se opte por expulsar a trabajadoras de las que dependen otras personas, con arraigo en nuestro territorio y procedencias históricamente vinculadas al Estado español, en lugar de favorecer su regularización y otorgarles el reconocimiento pleno de sus derechos como las vecinas que son», explican desde Mundo en Movimiento.

En concreto, según detalla el informe, «el 53 % de las mujeres encerradas en 2021 y 2022 eran trabajadores sexuales, siendo esta la actividad a la que se dedicaba un mayor número». También había trabajadoras del hogar y cuidados (19 %), vendedoras ambulantes (8 %) y jornaleras (5 %).

Además de los datos generales, Mundo en Movimiento señala varios internamientos que, en su opinión, nunca tenían que haberse producido. Por ejemplo, el de una mujer reconocida como víctima de violencia de género en España con una menor a cargo, dos víctimas de trata, una víctima de tráfico, dos mujeres con menores lactantes, cinco mujeres con ciudadanía comunitaria y 14 solicitantes de protección internacional.

El informe recoge los logros obtenidos por las organizaciones que visitan el CIE de Madrid, ahora mismo cerrado por obras. EN 2022 provocaron dos resoluciones de los tres jueces de control, en las que reconocieron la vulneración de derechos en este centro, como las graves deficiencias en materia sanitaria, la falta de intimidad en las consultas, el maltrato o la ausencia de proyectos sociales.

«La información contenida en Represión y encierro evidencia que la existencia de los CIE es incompatible con el Estado de derecho, desmonta por completo los discursos que vinculan a las personas internas con la criminalidad, revela la crueldad e ineficacia del internamiento y demuestra que las vulneraciones de derechos se producen y reproducen de forma sistemática. Continuaremos luchando por la clausura de todos y por evitar la apertura del nuevo proyectado en Algeciras», concluyen desde Mundo en Movimiento.