EE. UU. acelera el paso, pero la corriente es global

«La Iglesia no puede permanecer callada ante la injusticia», dijo León XIV en octubre a una delegación de El Paso liderada por Mark Seitz, a punto de terminar su mandato como responsable de Migraciones de los obispos de Estados Unidos. Un mes después, estos condenaron las «deportaciones masivas indiscriminadas» de migrantes en un «mensaje pastoral especial» y va a lanzar un plan nacional de apoyo. La Iglesia es testigo de cómo familias de sus feligreses han perdido a su sustentador principal, detenido o deportado por no tener papeles, y de cómo muchas otras ya no salen de casa por miedo. 65.000 personas, la mayoría sin antecedentes, permanecían arrestadas por este motivo a finales de noviembre.

Es una de las consecuencias de la avalancha de medidas antinmigración de Donald Trump, que describen para Alfa y Omega desde el Hope Border Institute (HBI). El mismo día de su toma de posesión puso fin a las peticiones de asilo en la frontera con México y dio vía libre a las redadas en iglesias, colegios, hospitales o tribunales. Estas, además, cuentan con el apoyo del Ejército y la Guarda Nacional, que solo en la frontera han desplegado 10.000 efectivos. 

Se han firmado acuerdos con 20 países para deportar a migrantes (sean o no de allí) o directamente encarcelarlos, como en El Salvador o Esuatini. Esta política, según el HBI, forma parte de una estrategia del miedo para que se «autodeporten». Es a lo que se anima también al millón de extranjeros a los que se han retirado las medidas de protección que les permitían estar en el país legalmente. Por último, se ha restringido total o parcialmente la entrada a ciudadanos de 39 países y se ha reducido el objetivo de acogida a refugiados de 125.000 en 2024 a 7.500 en 2026.

La corriente es global, si bien no con la misma intensidad. Ante la entrada en vigor el año que viene del Pacto de Migración y Asilo, el 8 de diciembre el Consejo de la UE aprobó, además de una cantidad reducida de reubicaciones de solicitantes de asilo, un procedimiento de retorno que contempla la creación de centros en países fuera de la UE. La medida bebe del creciente interés por el modelo Meloni (frenado por los tribunales) de traslado de los solicitantes a Albania. A ello se suman medidas antinmigración propias en muchos países. Yoan Molinero, del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, ve en este escenario una muestra de que «el pacto no está hecho para limitar las políticas hostiles sino todo lo contrario».