Educar antes que prohibir

Cada cierto tiempo regresa al debate público la propuesta de restringir el acceso de los menores a las redes sociales. La preocupación está justificada. Los problemas existen y están ampliamente documentados: sexting (intercambio de fotos y vídeos eróticos) no consentido, grooming (adultos que se acercan a menores para satisfacer sus deseos sexuales), dinámicas adictivas, presión social constante, influencia algorítmica en la construcción de opiniones y un aumento de trastornos emocionales y conductas autolesivas. Ignorar estos riesgos sería irresponsable, pero su complejidad descarta soluciones simplistas como la prohibición, que corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico que transmite control sin garantizar protección real.

Conviene empezar aclarando que las soluciones regulatorias no son nuevas. En España, la limitación para que los menores de 14 años faciliten sus datos personales sin consentimiento paterno existe desde 1999. Además, el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Menores en el Entorno Digital, actualmente en tramitación parlamentaria, ya contempla elevar de 14 a 16 años la edad mínima para tener cuentas en redes sociales. En el ámbito europeo, el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento de Servicios Digitales y la Directiva de Servicios Audiovisuales ya obligan a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad. El debate actual no parte, por tanto, de la ausencia de regulación, sino de su ineficacia. 

La novedad introducida en el ámbito político por Pedro Sánchez es la propuesta de impedir el registro de los menores incluso con autorización paterna, junto con el anuncio de una herramienta gubernamental para verificar la edad, cuyos detalles no han sido precisados. La indefinición sobre los mecanismos que garantizarían su cumplimiento justifica el escepticismo. La experiencia internacional muestra que las soluciones disponibles recurren a biometría, reconocimiento facial o verificación documental, procedimientos que abren interrogantes relevantes sobre privacidad, seguridad y derechos fundamentales. Como alternativa, el Gobierno parece orientarse hacia la Cartera Digital Europea, un sistema basado en certificados que permitiría verificar la edad sin exponer datos personales. Esta opción resulta potencialmente más respetuosa con la privacidad, aunque todavía no está plenamente implementada, lo que refuerza las dudas sobre la eficacia real de la medida.

A ello se suma una debilidad práctica evidente. Los menores pueden esquivar la prohibición mediante identidades ficticias, dispositivos compartidos o redes privadas virtuales. Estas prácticas no solo desplazan la actividad digital hacia entornos menos visibles, sino que también pueden generar una falsa sensación de seguridad que reduzca la implicación de familias y centros educativos. Pero incluso suponiendo que la prohibición pudiera aplicarse de forma efectiva, cabe preguntarse si resolvería el problema de fondo. Las redes sociales son solo una parte del ecosistema digital. El primer acceso a contenidos pornográficos por parte de muchos menores se produce de forma casual, a menudo a través de videojuegos. Gran parte del acoso tiene lugar en servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, red que no sabemos si entraría en la prohibición; y la búsqueda de información peligrosa para la salud física y mental se canaliza a través de buscadores y herramientas de inteligencia artificial. 

Por todo ello, además de prohibir —si las soluciones tecnológicas lo permiten con garantías— la prioridad debería ser educar desde edades tempranas. Sin una formación orientada a desarrollar el pensamiento crítico y el uso responsable de la tecnología, los menores alcanzarán la edad de acceso al entorno digital sin preparación ni referentes. La respuesta requiere integrar este aprendizaje de forma transversal en el sistema educativo, con docentes capacitados, currículos actualizados y familias que cuenten con apoyo y recursos. Existen bases sólidas para avanzar en esa dirección. Décadas de investigación académica sobre alfabetización digital, riesgos online y desarrollo adolescente ofrecen una base sólida para diseñar políticas públicas más eficaces que la prohibición. Son soluciones menos vistosas, menos inmediatas y quizá menos efectistas en el plano político, pero más sólidas y duraderas en sus resultados.