Educación y libertad

Ningún político deja de poner la educación y la calidad de esta en el primer plano de sus preocupaciones y proyectos. Eso forma parte del manual más elemental de cualquiera de ellos. Y de modo especial de los que se asoman por vez primera a la posibilidad de gobernar. Les parece fácil el discurso. Pero ignoran que es el que mejor les retrata. Muchos, cuando hablan, exhiben una ignorancia supina sobre la misma situación del sistema educativo. Pero lo verdaderamente preocupante es la querencia totalitaria que se les despierta a algunos en este terreno. Se explica que el Estado aspire a ser maestro; pero el Estado-maestro es el Estado totalitario. Por otra parte, los sistemas educativos se constituyen con la indiscutible finalidad de construir y hacer prosperar la nación. Y nada de extraño tiene, por eso, que cuantos albergan pretensiones nacionalistas quieran contar con una competencia exclusiva y omnímoda precisamente en educación.

Entre quienes sitúan la educación como uno de los más graves de los problemas de España, la mayoría piensan en ella como garantía de la prosperidad y de la competitividad que hemos de mantener frente a otros países. La educación es, para estos, ante todo, la que ha de ofrecer saberes, técnicas y habilidades profesionales en el más alto grado que nos permitan contar con expertos de máxima calidad y así competir con los países más avanzados. Otros atenderán en primer lugar de modo expreso a la dimensión formativa de la educación y querrán utilizarla para conformar la mentalidad mayoritaria de la ciudadanía según determinados patrones axiológicos, morales, antropológicos, sociales y asegurar así una sociedad felizmente amaestrada y fácilmente gobernable en la que ellos puedan mantener con seguridad y afianzar su propio poder político.

Considerada en su más profunda dimensión formativa, la finalidad fundamental de la educación no está en preparar profesionales sino en ayudar a la persona a alcanzar su plena realización como tal, en el ejercicio de su libertad, mediante su plena realización moral en la apertura y entrega a los demás… En virtud de la libertad ideológica y religiosa que proclama el artículo 16 de nuestra Constitución es perfectamente legítima la pluralidad de concepciones que los ciudadanos pueden profesar sobre la persona y, por lo mismo, la pluralidad de tipos de educación que pueden llevar a cabo en el desarrollo pleno de la personalidad (Constitución art. 27.2). No cabe duda de que toda educación responde objetivamente, sépanlo o no los mismos que la realizan, a una determinada concepción de la persona, de su origen y destino. Y no son los poderes públicos sino los padres quienes tienen el derecho preferente a determinar el tipo de educación que han de recibir sus hijos en tanto estos no hayan alcanzado la madurez necesaria para decidirlo por sí mismos. ¿Cuál es la mejor ley de educación? La mejor ley de educación es aquella que garantiza la máxima libertad de los padres para decidir el tipo de educación que han de recibir sus hijos.

Parece unánime la exigencia de un pacto que ponga al sistema educativo a salvo de las, se dice, constantes modificaciones legales a las que se ve sometido. Y a este respecto conviene saber que, pese a tales modificaciones, el sistema ha obedecido hasta ahora a los mismos postulados, que no aseguran precisamente los más amplios márgenes de libertad. Por eso, cuando se habla de pacto educativo, conviene no olvidar que hay un fundamental pacto educativo en la propia Constitución en cuanto que esta garantiza la libertad ideológica, así como la religiosa (art. 16.1) y la educativa (art. 27.1). Y ese pacto constitucional, asentado en el reconocimiento de la libertad educativa con todas sus lógicas consecuencias (entre las que hay que incluir la enseñanza concertada y la educación diferenciada) no puede verse eludido ni disminuido, sino realizado y plenificado en cualquier otro pacto educativo que sea preciso concretar en cada momento.

No será posible un verdadero pacto educativo democrático sino desde la aceptación y plena realización de la libertad (educativa, ideológica, religiosa…). No hay verdadera democracia sustantiva sin libertad y no hay libertad si no la hay en educación. Sin libertad en educación ni hay democracia ni… educación. El mejor criterio para determinar la autenticidad democrática de un partido (ahora que vienen las elecciones generales) es el de la amplitud con que acepta la libertad educativa y, en concreto, el derecho de los padres a determinar el tipo de educación que han de recibir sus hijos.