La Conferencia Episcopal (CEE) ha asistido como convidada de piedra a la polémica generada a raíz del voto particular la pasada semana de los consejeros del Tribunal de Cuentas elegidos a propuesta del PSOE, partidarios de incluir a la institución en su lista de organizaciones que fiscalizar, pese a no ser una entidad pública. La bola de nieve creció con la campaña inmediatamente lanzada por algunos medios de comunicación. PSOE, Podemos y Ciudadanos recogieron el guante y anunciaron que propondrán cambios legislativos. No es esa la forma de proceder habitual de partidos responsables cuando una ley afecta a empresas o instituciones de peso, no digamos ya si son grandes benefactoras de la sociedad, como lo es la Iglesia. Pese a todo, la CEE reafirmó su voluntad firme de transparencia y, claro está, de cumplir la ley, si es que el Parlamento decide finalmente aumentar las atribuciones del Tribunal de Cuentas para incluir a la Iglesia, a las ONG y a otras instituciones que mantienen relaciones de tipo económico con la Administración. Podría hacerse, aunque no es precisamente ahí donde están hoy los problemas de corrupción y falta de transparencia en España. De ahí que la propuesta, más bien, parezca explicarse por el sectarismo ideológico de algunos.