Duro fallo del Consejo de Europa contra España por la Cañada Real

Sus habitantes sufren «un grave impacto negativo» por no poder acceder a energía, afirma el Comité Europeo de Derechos Sociales. Los cuatro próximos meses son claves para resolver la situación

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 26 de Febrero de 2025

Los niños también sufren las condiciones de Cañada Real. Foto: Flickr / Rafael Robles.

El Consejo de Europa emitió el pasado martes un duro fallo contra España por violar los derechos de los habitantes de la Cañada Real, que llevan más de cuatro años sin luz. Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando varias organizaciones denunciaron al Estado español por violar varios derechos fundamentales, en concreto el derecho a la vivienda; el de familias, mayores y niños a la protección social, jurídica y económica, a la protección contra la pobreza y la exclusión social, y a la protección de la salud; y el de las personas con discapacidad a la independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad, además de otros como el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo o el derecho a la no discriminación.

Dichas organizaciones consideraron que todos estos derechos son vulnerados de manera sistemática en Cañada Real Galiana. Ello que «tiene un grave impacto negativo en la vida de al menos 4.500 habitantes, incluidos unos 1.800 niños», considera ahora el Consejo de Europa.

Cuatro meses clave

El fallo del Consejo de Europa menciona el establecimiento de «un sistema de reclamaciones colectivas», pero señala que su decisión en este ámbito no se hará pública hasta que el Consejo de Ministros europeo haya adoptado una resolución o una recomendación, o a más tardar cuatro meses después de que le haya sido transmitido este fallo.

Más pormenorizadamente, la institución europea observa que los cortes de electricidad impacta negativamente en la salud de las personas afectadas, «por el aumento de infecciones respiratorias, enfermedades dermatológicas y circulatorias relacionadas con el resfriado, dificultades en el uso de dispositivos médicos esenciales, casos de intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras».

Además, la falta de electricidad «impide a las personas con discapacidad ejercer plenamente su derecho a la independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad», añade el fallo. Denuncia asimismo «la falta de garantía por parte del Estado del derecho a una vivienda de nivel adecuado para las familias que viven en los sectores afectados».

Junto a ello, además de referirse de manera conjunta a la situación de familias, niños y mayores, el Consejo de Europa reprocha que el Estado español «no ha tomado medidas en el marco de un enfoque global y coordinado para promover el acceso efectivo de las personas de Cañada Real a la electricidad y, por ende, al disfrute de los derechos humanos básicos». Le recrimina asimismo «no protegerlas contra la pobreza y la exclusión social».