Devoluciones ilegales y violencia: la situación de los refugiados en Grecia

La mujer de Ahmed, Fatma, lleva en paradero desconocido desde el 29 de febrero de 2020. Aquel día, el matrimonio y sus seis hijos, procedentes de Siria, estaban en la orilla del río Evros justo al sur de la ciudad turca de Edirne con la intención de pasar a Grecia, al otro lado. Primero cruzaron los seis niños, que, al llegar, vieron cómo irrumpían en la zona seis soldados griegos en dos vehículos. «Dispararon al aire. Mi mujer se asustó por nuestros niños y se lanzó al río. Yo la acompañé. El agua nos llegaba al pecho. Luego nos gritaron, pero no entendíamos nada. Cuando estábamos a dos o tres metros de la orilla, se pusieron delante de nosotros y nos apuntaron con los rifles. Dispararon y nos sumergimos. Conseguí llegar. Mi mujer estaba dos metros por detrás de mí. Fue la última vez que la vi. Me cogieron y me tiraron al suelo boca abajo con un arma en la cabeza. En total, dispararon tres veces», narra Ahmed.

Tras varias horas detenidos, él y sus hijos fueron devueltos en un bote de madera al punto de partida, a Turquía, justo al lugar donde habían perdido a su esposa y madre. No sabían donde estaba, si había sido tiroteada, si estaba muerta o herida, o se había ahogado en el río. Todavía no lo saben.

Este es uno de los casos dramáticos que Amnistía Internacional (AI) acaba de documentar en el informe Greece: violence, lies and pushbacks, en el que denuncia que las autoridades griegas están llevando a cabo devoluciones ilegales y violentas de refugiados. El estudio parte de un periodo concreto de tiempo, febrero y marzo del año pasado, cuando Turquía decidió abrir sus fronteras como medida de presión y Grecia respondió suspendiendo el derecho a solicitar asilo durante un mes, aunque se extendió a lo largo de 2020.

AI ha podido recoger los testimonios de 16 personas que ha sido expulsadas de manera ilegal, pero estima que este tipo de operaciones ha afectado a unas 1.000 personas. «Nuestra investigación demuestra que las devoluciones ilegales violentas se han convertido en la política griega de control transfronterizo en la región de Evros. El nivel organizativo necesario muestra hasta dónde está dispuesta a llegar Grecia para expulsar de manera ilegal a las personas y ocultarlo», afirma Adriana Tidona, investigadora de la organización en Europa.

En este sentido, el informe recoge los testimonios de refugiados que han sufrido todo tipo de violencia: golpes con palos, patadas, puñetazos, bofetadas o empujones. También hay que reseñar que se sometía a los hombres a registros sin ropa, muchas veces delante de mujeres y niños.

Según Amnistía Internacional, esta situación no se limita a la frontera terrestre de Grecia con Turquía, también se produce en el interior del país. De hecho, ha podido hablar con hasta cuatro personas en esta situación. Como Nabil, sirio de 31 años, que fue detenido en Igoumenitsa, en la otra punta del país, y trasladado a un centro de detención cerca de la frontera de Evros. «Antes de subir al autobús mostré mi tarjeta de asilo a la Policía, pero me la quitaron, la hicieron trizas y me mandaron subir al autobús», contó el propio Nabil.

Adriana Tidona pone la mirada en Frontex, pues «dispone de mucho personal» en la zona. Por tanto, continúa, «no puede argüir que desconoce los abusos que Amnistía Internacional, y muchos otros, han documentado». Y concluye: «Frontex tiene el deber de evitar violaciones de derechos humanos. Si no es capaz de conseguirlo, debería retirar o suspender sus operaciones en Grecia».