Desde el pasado sábado: 150.000 inmigrantes, sin tarjeta sanitaria

El 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto del Ministerio de Santidad que restringe el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles, pero cada comunidad autónoma aplica la medida a su manera. Reina el caos en las administraciones públicas. Mientras, las asociaciones que trabajan con inmigrantes buscan alternativas, en colaboración con asociaciones médicas y médicos objetores

Cristina Sánchez Aguilar 6 de Septiembre de 2012

Un momento de la concentración contra la reforma sanitaria frente al madrileño Hospital Gregorio Marañón, el 1 de septiembre.

Ya es un hecho. Los inmigrantes en situación irregular en España no podrán acceder a la sanidad pública, salvo los menores, mujeres embarazadas y casos de urgencia. Las asociaciones que trabajan con inmigrantes buscan vías alternativas para estas personas. «Nuestra prioridad es establecer relaciones directas con entidades como Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que están configurando, a través de la plataforma Derecho a curar, un listado de médicos y centros con profesionales objetores, para poder derivar a nuestros usuarios». Así lo cuenta Liliana Pérez, directora de Ari-Perú, asociación que trabaja por la integración de la comunidad peruana. Todavía es pronto para evaluar las consecuencias del Decreto, dice, «pero no tardarán en llegar los problemas».

Caos en las autonomías

Las comunidades autónomas debaten sobre si aplicar o no la norma, o, en caso contrario, cómo articularán y financiarán la atención a las personas sin papeles. El presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su región continuará asistiendo a los inmigrantes que acrediten que carecen de recursos y que estén empadronados antes del 1 de septiembre con un documento del Servicio Gallego de Salud —la tarjeta sanitaria sólo la puede conceder el Ministerio—, lo que beneficiará a unas 9.000 personas.

El Servicio de Salud de Castilla y León atenderá a todos los inmigrantes y, aunque intentará cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, meterá en el cajón de los impagados aquellos casos en los que el paciente no tenga recursos. Andalucía, País Vasco, Asturias, Cataluña y Canarias mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no han aclarado cómo.

Al mismo nivel que el resto de Europa

Según un informe del Real Instituto Elcano, todos los países europeos, con la excepción hasta ahora de España, limitan al acceso a la sanidad pública para los inmigrantes irregulares. En Alemania, sólo tienen acceso gratuito a la sanidad en caso de urgencia, maternidad o sida. En los Países Bajos, los irregulares sólo tienen acceso a la sanidad en condiciones de necesidad médica o de enfermedades contagiosas que supongan una amenaza para la salud pública. Y en Suecia, los inmigrantes irregulares sólo acceden a los hospitales en situaciones de extrema urgencia, y después se les presenta una factura. Además, los extranjeros —turistas o inmigrantes irregulares— pagan costes mucho más altos que los nacionales por la sanidad.

La restricción de la atención a inmigrantes sin papeles es el aspecto más controvertido de un Real Decreto cuyo objetivo era limitar el turismo sanitario (procedente sobre todo de Europa), y acabar con irregularidades, como en el caso de 910.000 tarjetas sanitarias, cuyos titulares ya no residen en España. Muchos expertos dudan, sin embargo, de que privar a los inmigrantes de tarjeta sanitaria vaya a tener un impacto económico significativo. Se añadirá carga a las Urgencias, cuyo coste es muy superior.

«Las comunidades autónomas están confundidas, dan directrices contradictorias», afirma don Darío Mollá, director de la Fundación CeiMigra de Valencia, del Servicio Jesuita a Refugiados. Mollá señala que «éste no es un tema sólo de recortes económicos, sino de privación de derechos», y cita unas palabras de su arzobispo, monseñor Carlos Osoro: «El derecho a la salud es un derecho humano al que deben acceder todos por igual».

La Iglesia ha mostrado reiteradamente su preocupación por las posibles consecuencias del Real Decreto. Entre los últimos, el obispo de Bilbao, monseñor Iceta, en su homilía en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, recalcó que «los inmigrantes acusan con mayor severidad la falta de empleo y el empobrecimiento», y la humanidad que estos casos requieren «debe conducirnos a prestar los servicios básicos que necesitan».

Confusión legal en la cama de un hospital

El mismo 1 de septiembre, día en que la tarjeta sanitaria pasaría al baúl de los recuerdos para todos aquellos que no pudieron arreglar sus papeles en España, Emerson se rompió el tendón de Aquiles. El punto débil del héroe griego también lo ha sido para este colombiano, un luchador del siglo XXI, con dos carreras universitarias, que sólo ha logrado trabajar limpiando cristales en España. Una mano de obra fácil, barata, y sin complicaciones legales.

Emerson, tras sufrir la lesión, acudió inmediatamente al servicio de urgencias de un hospital madrileño, que le atendió debidamente, como el Real Decreto exige. Pero la lesión exige algo más que una mera atención de urgencias: es necesario operar.

Y ahora… ¿quién paga la operación? ¿Y la estancia en el hospital? ¿Al llegar por urgencias se considera atención de urgencias, o la operación, si no es a vida o muerte, no se denomina como urgente y, por tanto, Emerson tendrá que costearse una intervención de miles de euros que no tiene?

Si no los tiene, ¿se queda en la cama del hospital indefinidamente —porque no puede andar—? ¿Y quién paga la estancia? Preguntas que Emerson no sabe responder; ni el propio hospital, dos días después de la entrada en vigor de una ley caótica. Al cierre de esta edición, Emerson continuaba sentado, en la cama del hospital, esperando.