La cara oculta de las energías limpias: «Genera deforestación y contaminación del agua»

«En Brasil ha habido un incremento exponencial de las solicitudes para hacer extracción de minerales» para la transición hacia energías limpias. Pero dentro de los «alrededor de 1.250 de los proyectos de minería que se están promoviendo en la Amazonía brasileña» para extraerlos, «137 están en territorios indígenas y 390 los invaden parcialmente, cosa prohibida en la Constitución». Lo explica a Alfa y Omega Mauricio López, director del Programa Universitario Amazónico (PUAM).

Más en general, la extracción de minerales como el litio, cobre, níquel, cobalto para las baterías de coches eléctricos y tecnologías renovables es el fenómeno de greenwashing o blanqueamiento verde que «más fuertemente se está viviendo en la Amazonia». Está teniendo un fuerte impacto en Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia o Colombia. «Genera deforestación, contaminación del agua en regiones ricas en biodiversidad y conflictos sociales».

No es de extrañar, pues en este negocio «hay empresas que han estado históricamente también vinculadas a la extracción». López cita además el dato de que «la minería es responsable del 9 % de la deforestación total en Brasil entre el 2000 y 2015». El PUAM ha querido denunciar este fenómeno cuando se cumplen cinco años de la exhortación postsinodal del Papa Francisco Querida Amazonia.

Sí a la transición energética

«No se trata de estigmatizar o negar los esfuerzos urgentes que son necesarios» para combatir el cambio climático, enfatiza López. Ni siquiera de rechazar la búsqueda de una transición energética. «Estos modelos energéticos tienen mucho menos impacto que la extracción de hidrocarburos», reconoce. Pero «hay muchos aspectos de estas energías que, al darles una connotación de soluciones perfectas e ideales, quedan invisibilizados».

Esto ocurre tanto cuando se miran desde «una lectura puramente económica como desde una visión solo ecológica». En ambos casos hay «un grave vacío» que oculta «las causas, voces y las realidades territoriales». Cita por ejemplo la «disrupción» que puede suponer la instalación de parques solares o eólicos «que afectan a especies vulnerables». O, «si se hace en territorios indígenas sin las consultas adecuadas, conlleva una violación de derechos» al no respetar los procesos de consulta previa obligatorios legalmente.

El director del PUAM cita otro ejemplo: los proyectos asociados a la reducción de las emisiones por deforestación. «Muchas comunidades denuncian que, lejos de beneficiarlas han resultado en desposesión de tierras bajo la apariencia de conservación ambiental, clientelismos utilizados por los gobiernos sin participación de las comunidades y nuevamente una violación de sus derechos fundamentales». Así lo ha documentado la Red Eclesial Panamazónica.

«Se necesita no solo un análisis costo-beneficio o de emisiones de dióxido de carbono, sino también estas dimensiones integrales». Tanto desde la REPAM como desde el Programa Universitario Amazónico intentan llevar a cabo un análisis más profundo. Todo ello, para «ayudar a seguir creciendo y buscando tecnologías todavía más adecuadas».

Políticas realmente verdes

En cualquier iniciativa para la transición energética, subraya López, es imprescindible «la efectiva protección de tierras indígenas y de las reservas naturales debidamente gestionadas». «La idea es que se tiene que promover la agroecología y la agricultura sostenible. Se sabe que a nivel global todavía son los pequeños productores campesinos, los pequeños propietarios de tierra, los que alimentan a la mayoría de la población global». Este enfoque «permite garantizar una perspectiva de seguridad alimentaria, de desarrollo local y de mantenimiento de las identidades indígenas».

La otra clave para iniciativas realmente verdes es «la restauración ecológica con enfoque de conservación comunitaria», con proyectos liderados por «las organizaciones de los propios pueblos originarios. Ellos son los que tienen una experiencia probada en el manejo de estos territorios». Es necesario además «fortalecer la democracia y la justicia climática» en los países afectados y fortalecer las políticas públicas.

El responsable del PUAM sugiere «crear plataformas regionales para discutir y diseñar políticas públicas para la Amazonía con participación de los pueblos, de los estados, de las empresas con acompañamiento de universidades».