Daniel Ortega echa de Nicaragua a las Hermanas Pobres de Jesucristo

Las religiosas del Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo han tenido que salir de Nicaragua ante la negativa del Gobierno de Daniel Ortega de renovar su permiso de residencia. Las misioneras, que llevaban siete años en el país, han tenido que ser acogidas en El Salvador. «Agradecemos la acogida de la Iglesia y del pueblo durante ese tiempo que nuestro carisma permaneció en el país sirviendo a los pobres en sus múltiples rostros», señaló el Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo a través de un comunicado.

La expulsión se produjo tras el allanamiento, este domingo por la noche, de la casa en la que residían las hermanas, según ha explicado la agencia EFE, y en la que se dedicaban al servicio de los pobres, a los que ayudaban en el ámbito de la alimentación y del vestuario, además de con la oración. El inmueble asaltado por la Policía Nacional se encontraba en la ciudad de León, a 90 kilómetros al noroeste de Managua.

«Queremos, por medio de este comunicado, manifestar nuestra gratitud por los siete años de misión en tierras de Nicaragua», añadió el Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo, entidad que pertenece a la fraternidad fundada en Brasil por el sacerdote Gilson Sobreiro. Por último, las misioneras agradecieron a «todas las consagradas, laicos, jóvenes, bienhechores y amigos que construyeron con nosotros la misión, haciendo posible llevar Cristo a los pobres», una labor que a partir de ahora realizarán en El Salvador.

Expulsión de los religiosos

Hasta el 7 de junio pasado, el Gobierno de Nicaragua había obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en abril de 2018, según la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, que da seguimiento a las agresiones que sufre la Iglesia católica nicaragüense por parte del Ejecutivo formado por de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Molina es autora del estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida? en el que presenta una exhaustiva investigación del acoso a los religiosos y otros miembros de la Iglesia. Unos sucesos entre los que destaca la condena a más de 26 años de cárcel al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, o la expulsión de las misioneras de la caridad, que tuvieron que dejar su labor en manos de otras organizaciones.