Cuidar a quienes nos cuidan: inmigrantes sin papeles en plena pandemia

La epidemia del COVID-19 ha sido para muchos europeos un recordatorio del papel fundamental que los trabajadores inmigrantes desempeñan en nuestras sociedades, incluyendo los trabajadores que se encuentran en situación irregular. Durante estas semanas, muchos de ellos han sido claves para mantener el servicio a domicilio durante el confinamiento, garantizar el cuidado de los mayores en sus hogares o recoger las frutas y verduras que nos han alimentado. Esta contribución ha sido reivindicada en España por muchos colectivos de inmigrantes y de la sociedad civil, que piden un gesto del Estado en forma de regularización o amnistía, basándose en argumentos económicos, sociales y, muy relevantes en este contexto, sanitarios. Este es el espíritu que ha inspirado iniciativas similares en países de nuestro entorno, como Portugal e Italia.

A pesar de la enorme relevancia económica y social del fenómeno de la inmigración irregular, la mala calidad y la antigüedad de los datos impiden a expertos, instituciones y observadores abrir un debate público que informe acerca de sus riesgos y oportunidades. El potencial efecto fiscal de las medidas de regularización también es objeto de un animado debate político, que, no obstante, adolece de estimaciones rigurosas que se basen en la evidencia empírica disponible.

En un informe reciente de por Causa y la Universidad Carlos III, tratamos de llenar este vacío proporcionando estimaciones de la magnitud y evolución de la inmigración irregular en España. Combinando datos laborales de registros oficiales y de encuestas, encontramos que, a finales de 2019, residían de manera irregular en España entre 390.000 y 470.000 personas. Nuestros cálculos arrojan un coste fiscal muy elevado por mantener su situación de irregularidad (2.000 euros anuales por persona) y potenciales ganancias de en torno a 3.300 euros al año por cada trabajador regularizado en caso de una amnistía.

Jóvenes y de América Latina

Los números absolutos de inmigración irregular (390.000 – 470.000) suponen entre el 11 y el 13 % de los inmigrantes extracomunitarios, y alrededor del 0,8 % de la población total que reside en España. Nuestras estimaciones muestran una correlación significativa entre el número de irregulares y el ciclo económico: crecieron durante los primeros años de la pasada década, cayeron de forma abrupta durante la crisis de 2008 – 2015 y se recuperaron desde 2015. Contrario al cliché convencional, los inmigrantes sin papeles proceden mayoritariamente de América Latina (77 %), mientras que el continente africano solo aporta el 9,2 % del total. Son también más jóvenes que los regulares (cuatro de cada cinco tienen menos de 40 años), mientras que la población femenina tiene un mayor peso, al representar el 55 % del total, ligeramente por encima de la que se observa en la inmigración regular (50 %).

Utilizando los datos sobre la composición socioeconómica de la inmigración irregular (edad, sexo, nacionalidad y sector de actividad), en el informe aproximamos tanto el coste de mantener el estatus de irregularidad (recordemos que los inmigrantes irregulares tienen acceso a sanidad y educación pública, y que realizan contribución fiscal a través de impuestos indirectos asociados al consumo), como las potenciales ganancias en el caso de una regularización. La irregularidad de los inmigrantes supone para las arcas públicas españolas un coste anual medio de 2.000 euros por inmigrante. En caso de regularización, la aportación fiscal neta de los inmigrantes en situación irregular se incrementaría por encima de los 3.250 euros. Nuestra estimación coincide en buena medida con la experiencia empírica de regularizaciones pasadas (por ejemplo, la realizada en 2005).

En definitiva, aunque las políticas de regularización suelen ser difíciles de aplicar debido al alto coste político que implican, nuestros resultados confirman que dichas medidas pueden tener efectos beneficiosos sobre la recaudación fiscal. El argumento fiscal se suma a las consideraciones sanitarias, ya que los inmigrantes irregulares constituyen un grupo de alto riesgo epidemiológico en un contexto como el del COVID-19 (por la menor confianza con respecto a las autoridades, las barreras lingüísticas, los problemas para recibir información y las dificultades de las familias de bajos ingresos para mantener el confinamiento).

Además de los argumentos basados en la investigación académica, conviene recordar uno adicional: con o sin regularización, estos inmigrantes no van a desaparecer de nuestras sociedades. Los obstáculos prácticos, legales y electorales a los procesos de deportación masiva hacen que el dilema verdadero sea este: perpetuar una realidad que provoca graves costes directos para los afectados, riesgos epidemiológicos y un importante coste de oportunidad para el conjunto de la sociedad, o poner el contador a cero y trabajar para evitar que esta situación se repita en el futuro.

Ismael Gálvez Iniesta
Doctor por la Universidad Carlos III de Madrid