Cuba instruye a jueces y fiscales para encarcelar a personas que no han cometido delitos

Cuba se está preparando para aumentar la persecución contra opositores y desafectos al régimen sin que hayan cometido ningún delito, ha denunciado la organización Prisoners Defenders. A pesar de que el régimen modificó en 2022 el Código Penal para hacer desaparecer el crimen de «peligrosidad social predelictiva», desde entonces no se han reducido en nada las 11.000 personas encarceladas por este motivo.

«Han seguido con el mismo modus operandi», explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. El nuevo Código Penal incluía dos artículos pensados para ello. El 434.1 indica que «la autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional».

Estas advertencias se convierten inmediatamente en una condena de forma sumaria gracias al nuevo artículo 189.3, que prevé prisión por no atender esas advertencias oficiales. La condena por esta «desobediencia penal precriminal» puede ser de seis meses a dos años por cada «advertencia».

Impulso en privado y en público

Más aún, «en estos meses hemos sido informados de que jueces y fiscales han recibido cursos de urgencia para alentar e impulsar esas condenas», asegura Larrondo. Las denuncias se vieron confirmadas cuando «el 20 de mayo salió un artículo en Granma argumentando que hay que potenciar esas condenas y que las personas que actúan en contra de las advertencias de las autoridades tienen que ser castigadas». El artículo se titulaba «Ante el delito de desobediencia no puede existir impunidad».

El presidente de la entidad ve en este anuncio público la intención, por un lado, de que «jueces y fiscales sean conscientes de que es una política estatal al máximo nivel. Todo lo que sale en el Granma está aprobado por Raúl Castro». Además, buscan «advertir a la población e instruirles o adoctrinarles de que ese delito es muy grave».

Antes de que el 1 de diciembre entrara en vigor el nuevo Código Penal, permanecían en la cárcel unas 11.000, en su mayoría jóvenes afrocubanos que no pertenecían a organizaciones opositoras y no habían cometido ningún delito ni siquiera en grado de tentativa. Así lo denunció Prisoners Defenders en 2020 con datos extraídos de informes obtenidos del Ministerio del Interior.

Las penas medias eran de dos años y diez meses, por lo que la entidad calculó que se producían unas 3.850 nuevas condenas anuales. Se consideraba que podían tener tendencia a cometer delitos en el futuro «por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista».

En el nuevo Código Penal, se eliminaban los artículos que regían esta «peligrosidad social predelictiva» (los artículos del 72 al 84). Según Prisoners Defenders, el cambio pretendía confundir a la comunidad internacional ante las numerosas condenas contra esta práctica emitidas por el Parlamento Europeo y otras instituciones en respuesta a su primera denuncia.

Evitar un compromiso mayor

Sin embargo, con el nuevo Código Penal hasta ahora se había mantenido el ritmo de condenas, sobre todo contra «todos aquellos que se les detecte serio desafecto por las políticas gubernamentales» a partir de los 16 años, «para evitar su ingreso en la lucha prodemocrática organizada», explican desde Prisoners Defenders. «También, dada su arbitrariedad, se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo local, ideológico o político». Además, ninguno de los presos condenados previamente fueron liberados.

Ahora, se teme que los ingresos en prisión aumenten. Ante el hastío actual en la sociedad cubana, «el régimen está teniendo que usar la represión como nunca en décadas contra el pueblo, sin miramientos», señala la organización. «Ha llegado a la conclusión de que necesita controlar a las masas aplicando muchas más condenas precriminales que antes».

«En clave cubana», apunta Larrondo, el texto de Granma se traduce en que «ha aumentado la delincuencia por los elementos antisociales y la gente que no trabaja», que es contra los que advierte el texto. Sin embargo, recuerda que quienes no tienen empleo son «precisamente los desafectos, porque no les dejan». Lo mismo ocurre con quienes no van a la universidad.