Cuando tu trabajo mina tu salud mental

«Los agentes sociales están especialmente preocupados por los índices de absentismo y de enfermedades laborales relacionadas con la salud mental». Lo ha denunciado la Conferencia Episcopal Española en un mensaje con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril.  

Bajo el título El trabajo decente: un bien para la salud mental, los departamentos de Pastoral de la Salud y del Trabajo instan a reflexionar sobre el respeto a la normativa laboral y la prevención como «garantía de entornos saludables» y un elemento «indispensable» para poner fin «a la sangría que cada día provoca el trabajo en la vida de muchos trabajadores y trabajadoras». 

El documento pone el acento en la salud mental como parte integral del bienestar. Citando a la Organización Mundial de la Salud, se afirma que esta no solo permite afrontar el estrés de la vida, sino también trabajar bien, «desarrollar capacidades y contribuir a la comunidad». Para la Iglesia, el deterioro de esta dimensión es reflejo de un sistema que «no solo no lo protege al trabajador, sino que lo enferma». 

El documento alude también al efecto de la precariedad laboral en la salud mental, concluyendo que muchos trabajadores «tratan infructuosamente de conseguir un empleo digno y justo, hoy muy escaso», viéndose en la necesidad de realizar «uno o varios trabajos precarios que afectan su salud y su vida».

Por eso, «es fundamental la escucha activa y el acompañamiento de cada hombre y mujer», añade la nota. «La atención a las condiciones de vida y laborales de las personas, el respeto a su dignidad y la creación de espacios seguros y acogedores son pilares esenciales para garantizar el bienestar integral», concluye.

El caso de Albacete 

El texto difundido por la CEE hace alusión a un caso dramático, el de un trabajador del Ayuntamiento de Albacete, que en 2017, tras más de un año de incapacidad temporal, terminó quitándose la vida días al tener reincorporarse a su puesto. Tiempo después, el Juzgado de lo Social número 2 de Albacete calificó su suicidio como accidente laboral, «algo que debería haberse entendido desde el principio, pero que requirió la intervención de los tribunales para que la verdad prevaleciera». 

La cuestión es que el trabajador había solicitado repetidamente un cambio de puesto laboral por razones de salud, pero el Ayuntamiento respondió con negativas y evasivas. La mutua, en un acto de fría burocracia, lo declaró apto para reincorporarse, mientras los médicos advertían que volver a ese entorno laboral solo agravaría su ansiedad. «Todo quedó registrado en informes médicos, pero, como sucede tantas veces, el sistema optó por ignorar lo obvio», denuncia el texto de la CEE. Al final, a pocos días de su reincorporación forzosa, se quitó la vida.