Cuando Jonás fue engullido por una maleta

El 7 de mayo del año 2015 una foto dio la vuelta al mundo. Un escáner del puesto fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, detectó la perfecta silueta de un niño de 7 años escondido en posición fetal dentro de una maleta. Como Jonás, dice el poeta Luis García Montero en el prólogo de Me llamo Adou, el libro que el periodista Nicolás Castellano ha publicado con su historia. «La sociedad de hoy es el monstruo que se traga a Jonás –o Adou Nery Ouattara– pero ya no es el mensajero encargado de llevar a Nínive la salvación, sino un niño que se juega la vida por ir al encuentro con sus padres». Esta habría sido una historia más de un menor no acompañado que busca los escondites más inverosímiles para llegar a España si no fuera porque, 20 minutos después de ser escaneado, un hombre aseguró a los policías que ese niño era su hijo.

Alí Ouattara era profesor de Francés y Filosofía en Abiyán, la capital administrativa de Costa de Marfil. Una noche de 2005, cuando salía de dar clase en un instituto, varios militares armados le pararon en la calle y le retuvieron durante horas. Finalmente le dejaron marchar, pero lo que le salvó la vida realmente fue no llevar su documento de identidad encima. Si aquellos hombres del Gobierno de Gbagbo hubieran sabido que su apellido, Ouattara, coincidía con el del principal opositor del presidente –actual mandatario del país– «quizá nunca habría regresado a casa. Yo jamás participé en manifestaciones políticas, pero el simple hecho de llevar el mismo apellido me convertía en enemigo», explica Alí en conversación con Alfa y Omega.

Tardó un día en ponerse a buscar un visado para cualquier país europeo, siendo España el destino final. Para llegar hasta aquí se vio obligado a pasar por manos de traficantes, fue robado, engañado, maltratado… y todo ello «lejos de mi mujer y mis tres hijos, que se quedaron en Costa de Marfil». Ocho años tuvieron que pasar hasta que Alí cumplió los requisitos para traer a España a su familia. Con un trabajo fijo en una lavandería de la isla de Fuerteventura y un piso alquilado en Puerto del Rosario, el marfileño ya podía tramitar la reagrupación familiar de su mujer, Lucie, y de sus dos hijos pequeños, Mariam y Adou. «No era tan fácil con Michael, mi hijo mayor, porque tenía más de 18 años», explica con dolor.

Por 56 miserables euros

La primera en llegar fue su mujer, en 2014. En abril de 2015 llegaría Mariam y, «si la Delegación del Gobierno en Canarias no hubiera hecho una interpretación extrema de la ley de extranjería, Adou también podría haberse reunido con su familia sin necesidad de que sus padres buscaran a la desesperada una vía irregular para poder traer al pequeño», señala Nicolás Castellano, autor del libro recientemente publicado por Planeta que cuenta la historia de esta familia. «Con una correcta aplicación de la ley esa imagen nunca tendría que haberse producido».

Pero la nómina aportada por el padre de familia no cubría el importe requerido para el sostenimiento de los cuatro miembros que forman la unidad familiar, «y el criterio económico es el que prima tras la reforma de la ley de 2011», sostiene Castellano. A Alí le faltaban exactamente 56 euros al mes para llegar a los 1.331 que necesitaba acreditar y, en este caso, «no se aplicó correctamente el reglamento, que hace referencia a que cuando haya menores de edad, se puede minorar la cuantía en atención al interés del menor. Pero la Administración pública lo utiliza poco en la práctica», afirma Santiago Yerga, abogado de Pueblos Unidos y asesor jurídico de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración durante la redacción de la reforma de la ley.

Una madre desesperada

Las recurrentes negativas a las peticiones de los Ouattara para poder traer a España al benjamín de la familia y la desesperación de una madre que, cada vez que llamaba a Abiyán, escuchaba a su hijo llorar y decir que no quería comer ni ir al colegio, que quería estar con papá y mamá, desembocaron en que Alí confiara en el primer vendehumo que le prometía con pasmosa facilidad que llevaría al niño hasta España, eso sí, con un coste de 5.000 euros, todos los ahorros de un hombre trabajador para la casa familiar que Alí soñaba con construir en su país.

Ni el niño llegó a Barajas, como se le había prometido ni tenía un visado, ni siquiera llegó a pisar suelo español. A Adou le soltaron en Casablanca (Marruecos), y de allí llegó por vía terrestre hasta la frontera ceutí, donde le metieron en una maleta, eso sí, dejando una rendija para respirar. «Si un niño me dijera que quiere venir a Europa a estar con su familia, le diría que no lo hiciera como yo, porque puede morir. Yo he tenido suerte, porque Dios estuvo conmigo y no tuve miedo nunca», cuenta el pequeño Adou en la introducción del libro del periodista. El niño, que narra su experiencia en primera persona, recalca con una visión preclara que «le diría al Gobierno español y a todos los gobiernos de Europa que son idiotas. Hay que dejar venir a los niños que huyen de la guerra o de la miseria, es algo que tiene que permitírsele a los niños».

Condenado por tráfico de personas

El caso de Adou dio la vuelta al mundo gracias a la impactante foto. El Gobierno español, paradójicamente, aceleró los trámites para que el pequeño pudiera residir en el país. Pero su padre ha sido imputado por tráfico de personas y, a día de hoy, espera a la celebración del juicio que puede llevarle hasta la cárcel. «Mi madre falleció y el niño no podía quedarse solo en Abiyán. Yo no soy un delincuente, estaba desesperado», explica a este semanario.

No quiere aceptar una condena reducida de un año, porque eso significaría aceptar que es un traficante y tener antecedentes penales. Su pasaporte está retenido y no puede salir del país. Mientras, Lucie, Mariam y Adou emigraron a París, donde la madre de familia ha podido encontrar un trabajo (solo habla francés). Después de tanto, siguen separados.

Luces y sombras de la reagrupación familiar

La revisión de la ley de extranjería de 2011 estableció un baremo económico para cuantificar los ingresos que debía presentar el reagrupante. «Antes, quedaba a criterio de cada oficina de extranjería, así que lo que se hizo fue establecer los límites mínimos. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes», asegura Santiago Yerga, abogado de Pueblos Unidos, que en 2011 estuvo presente en la revisión de la legislación. «La ventaja es que consolidó el principio de seguridad jurídica, todo el mundo sabía el dinero que debía ingresar». El inconveniente era qué hacer en las situaciones límite. «Eso intentó resolverlo el reglamento haciendo referencia a que cuando hubiera menores de edad se pudiera minorar la cuantía en atención al interés del menor».

Para Yerga, la legislación española es «correcta», pero «tenemos que mejorar las prácticas administrativas». Un problema que, como señala el periodista Nicolás Castellano –experto en inmigración– en muchas ocasiones, pasa por «la saturación de los registros y la falta de formación de los funcionarios. Hay que tener en cuenta que España ha tenido que adaptarse en un corto espacio de tiempo a la ley de extranjería, que se ha reformado ya cinco veces. En 1995 apenas recibíamos inmigrantes, éramos solo un país de salida».

Pese a todo, añade Castellano, «España es de los países de Europa que tienen una legislación menos exigente para la reagrupación familiar», aunque desde que se empiezan los trámites hasta que se reagrupa hay que esperar una media de ocho años. Pero por ejemplo, en Francia y Alemania «exigen requisitos a los niños en función de su edad o les imponen pruebas de idioma del país de acogida». Además, en Alemania, plantearon hacer a los niños de 14 a 16 años un examen de integración». El motivo, añade Yerga, es que «España es menos exigente, pero la cobertura que luego se otorga es menor». Aun así, tan solo un 27,4 % de las autorizaciones para residencia que se otorgaron en 2015 fue por la vía de la reagrupación familiar (un 36,5 % menos que en 2014).

Madrid, exigente

María Alexandra Vásquez, también abogada de Pueblos Unidos, trabaja en una oficina de información y atención a la población migrante del Ayuntamiento de Madrid y afirma que en la capital, «desde hace varios meses, están siendo especialmente estrictos con los requisitos para la reagrupación. Por ejemplo, el contrato de alquiler tiene que estar a nombre del reagrupante y tienen que tener habitaciones separadas si tienen hijos de distinto sexo». Pero «la realidad que uno se encuentra en la calle es que en familias de migrantes viven hasta seis niños en pisos de 35 metros cuadrados».

Otro caso común es el que ejemplifica una mujer boliviana que quiere traer a su hijo por la vía de la reagrupación. «Trabaja como interna y cobra 850 euros, pero no tiene casa en alquiler porque vive con sus jefes, por lo que no cumple los requisitos para traerle». Pero si se hace externa, el salario baja. «Su hijo está solo allí, porque vivía con la abuela y ha fallecido», y la madre está desesperada. Es el pan nuestro de cada día.