Andrés Ollero: «Creo que ahora será más fácil consensuar la sentencia sobre la ley del aborto»

En toda esta legislatura, el Tribunal Constitucional no ha encontrado un momento en que considerara prudente dictar sentencia sobre la ley del aborto, de la que usted es ponente. ¿Qué panoramas se abren ante el TC en la nueva legislatura?
En efecto es un problema de prudencia. Como ponente debo expresar el parecer del Tribunal y no estoy en condiciones de marcar un calendario. No es solo este grave problema el que experimenta retraso, pese a nuestro esfuerzo por evitarlos. El Tribunal Constitucional controla a los Poderes del Estado, pero desde un máximo respeto. Siendo Pascual Sala su presidente, se consideró que no era lógico abordar la cuestión cuando desde el Gobierno se anunciaba una reforma legal, que podría reducir o anular el objeto del recurso presentado con anterioridad. Esa peripecia ha terminado muy recientemente. Creo que ahora será más fácil ir consensuando la esperada sentencia. Yo, aun siendo ponente, solo tengo un voto… El Tribunal no se muestra insensible respecto al derecho a la vida; no hace mucho ha reconocido la objeción de conciencia a un farmacéutico que se negaba a dispensar la píldora del día después, por sus eventuales efectos abortivos…

¿Qué diagnóstico hace de la salud jurídica de nuestro país?
Creo que contamos con profesionales de una gran categoría, como desde mi actual emplazamiento puedo comprobar. Asunto distinto es el grado de reconocimiento práctico de los derechos y valores reconocidos por nuestra Constitución. Todo lo que se haga por explicitar sus contenidos será poco y neutralizará los intentos de imponer tabúes con ayuda de lo políticamente correcto.

Ha dedicado 50 años al Derecho desde el mundo académico, en universidades españolas y extranjeras, y ahora se jubila como catedrático. ¿Qué satisfacciones y desilusiones le ha deparado?
Cuando se hace balance de un tramo tan amplio resaltan sobre todo los elementos positivos. Lo que más me alegra es ver a tantos alumnos convertidos en profesionales prestigiosos. Sirvan de ejemplo la actual Subsecretaria del Ministerio de Justicia o tantos Catedráticos de las más variadas asignaturas. La Universidad me sigue ilusionando y no pierdo ocasión de dejarme ver en alguna para dar una conferencia o intervenir en un master. Acabo de realizar una rápida escapada invitado a inaugurar una reunión de mis colegas argentinos de filosofía del derecho.

¿Está en peligro de extinción el Derecho natural como pórtico por el que entran los futuros juristas al mundo de las leyes?
Los rótulos son importantes para los historiadores; a mí lo que me preocupan son los contenidos. Siempre he dicho a mis alumnos que, a mi modo de ver, los juristas se dividen en dos grupos: los que son conscientemente iusnaturalistas y los que lo son inconscientemente. Yo, puestos a arriesgar, prefiero hacerlo conscientemente. Lo que no tiene sentido es pasarse el día hablando de derechos humanos o fundamentales y negarse a reconocerles un sólido fundamento.

Hoy cuesta que se acepte un concepto como el de ley natural en un mundo globalizado y multicultural, donde en muchos casos además se pretende imponer el relativismo a la misma naturaleza biológica del ser humano.
Si hablamos de Estado de Derecho es porque consideramos que el Derecho no es mero instrumento del Estado, sino que está en condiciones de controlar a sus poderes; es lo que estamos llamados a hacer en el Tribunal Constitucional. El Estado de Derecho significa que la razón ha de sustituir a la fuerza; que hay que hacer entrar en razón al Estado, si no queremos ser esclavos de la razón de Estado. Esa amenaza se multiplica cuando un poder irracional se alía con las posibilidades tecnológicas de una ciencia sin conciencia.

Frente a este doble reto –no aceptación de su universalidad por parte de algunas culturas e intento de crear continuamente «nuevos derechos»–, ¿sobrevivirá la Declaración de 1948 tal como la conocemos?
La Declaración de Naciones Unidas ya cumple su papel histórico de semilla del avance de los derechos humanos. Sobrevive, al verse desarrollada por Tratados y Convenios internacionales. Su universalidad reside en estar los derechos fundamentados en la naturaleza humana y pierde fuerza cuando se la pone en cuestión. Algunos de los nuevos derechos no son tales; son producto de una generosa tolerancia, que lleva a dar a algunos lo que no es suyo; no son pues exigencias de justicia, que obligan a dar a cada uno lo que sí es suyo. Yo, como ciudadano, exijo que se respeten mis derechos (libertad ideológica y religiosa incluidas); no tolero que me toleren…

Hablando de libertad de conciencia, en muchos países occidentales han surgido conflictos en torno a la libertad de conciencia y la libertad religiosa. En su libro Religión, racionalidad y política, usted llegaba a plantear que tal vez la desobediencia civil sea una respuesta más adecuada. ¿Nos tendremos que enfrentar a esta disyuntiva en un futuro próximo?
Yo me considero más jurista que moralista. No existe un derecho a la desobediencia civil, aunque sí puede haber razones morales para desobedecer una norma, arrostrar las consecuencias y convertirlas en revulsivo ético en una sociedad adormilada. Asunto distinto es el derecho fundamental a la objeción de conciencia, que no nace de un conflicto entre derecho y moral sino entre la concepción mayoritaria del mínimo ético que impone el derecho, plasmado en las normas legales, y la concepción minoritaria que aspira a que se admita una excepción. La objeción, como todo derecho, no tiene un alcance ilimitado, sino que ha de ponderarse con exigencias colectivas. Por ejemplo, nuestra Constitución reconoce explícitamente en el artículo 30 el derecho a objetar al servicio militar (hoy inexistente), pero impone como contrapeso una prestación social sustitutoria; otras posibles objeciones las reconoce implícitamente en el artículo 16, como ha declarado el propio Tribunal.