Controversia por el derecho a la elección de colegio

La semana poselectoral estuvo marcada, además de por el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición si reúnen los votos necesarios en el Congreso de los Diputados, por las palabras de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, sobre el derecho de los padres a elegir centro. Fue el pasado jueves, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, cuando la también portavoz del Ejecutivo dijo lo siguiente: «De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir centro pueda ser parte de la libertad de enseñanza. Elegir centro forma parte de derechos de los padres en las condiciones legales, pero no son emanación del artículo 27 de la Constitución». El auditorio, abarrotado con 2.000 personas, se rebeló educadamente con un murmullo.

La ministra se apoyó para justificar su afirmación en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 que dice que «el derecho de los padres a decidir la formación moral que sus hijos han de recibir es distinto del derecho de elegir centro», pero que matiza que «también es obvio que la elección de centro docente es un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral».

Tal revuelo causaron sus palabras que Celaá tuvo que lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias al día siguiente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «No tienen nada que temer», afirmó, aunque no se desdijo ni reculó.

Las reacciones han sido numerosas a lo largo de toda la semana, también por parte de la Conferencia Episcopal Española. Primero con una declaración de su secretario general y portavoz, Luis Argüello, que afirmó que esperaba que fuese un «lapsus», y luego con las palabras del cardenal Blázquez en la inauguración de la Asamblea Plenaria, donde dijo que el poder civil debe respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

La controversia, que todavía colea, centró la mesa de políticos sobre La libertad de educación en España del 21 Congreso Católicos y Vida Pública que, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y por el CEU, abordó la libertad para educar. El centro de los focos fue para Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y Formación Profesional, quien en su intervención defendió a la ministra Celaá y añadió que el revuelo generado alrededor de sus palabras no es más que «una tamborrada». «Nadie niega ni discute el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, ni nadie puede decir que la Iglesia no satisfaga este derecho», explicó.

En este sentido, dijo que los contribuyentes «se gastan cada año 6.000 millones de euros en satisfacer la prestación de este derecho, de los que aproximadamente 4.000 van a los centros vinculados a la Iglesia católica». Y añadió: «El Gobierno no negocia derechos fundamentales, los cumple».

En una intervención muy parecida a la de la ministra en el Congreso de Escuelas Católicas, a excepción de la polémica frase, Gurrea defendió que el de la libertad de enseñanza es «un supraconcepto» que incluye la libertad de creación de centros docentes —«el Estado no tiene el monopolio»—, la libertad de cátedra y la facultad de cualquier español para prestar servicios de enseñanza aunque no sean homologables.

También recalcó, al referirse a la programación general de la enseñanza, que corresponde al Estado organizar y ordenar el sistema. «Si hay que crecer y queremos hacerlo en todos los ámbitos y campos, habrá que hacerlo ordenadamente», concluyó.

Por su parte, la representante de Ciudadanos, Marta Martín, dijo que las palabras de Celaá forman parte de una puesta en escena: «Está pensada y se produce en un momento que se está negociando un Gobierno. No es algo casual ni algo que se le haya escapado. Esto viene de lejos, de muy lejos».

Dicho esto, fijó la postura de Ciudadanos: entiende que el artículo 27 de la Constitución sí incluye el derecho de los padres a elegir un centro con un ideario propio y, por tanto, reconoce de alguna manera la cuestión de la demanda social. «La demanda social es importante y el PSOE se ha confundido con este tema. Porque la concertada no es subsidiaria de la pública», añadió. En este sentido, dijo que sería bueno abordar el tema de la financiación de la concertada teniendo en cuenta el coste del puesto escolar. «La financiación debería ser suficiente en toda la red y que así los padres puedan elegir el proyecto que más les guste y para que nadie se quede fuera por cuestiones económicas».

Rocío Monasterio, de Vox, incidió fundamentalmente en la cuestión del adoctrinamiento en las aulas y puso como ejemplo lo que está sucediendo en las calles de Cataluña, en su opinión, «consecuencia de un plan perfectamente orquestado». Y añadió: «De nada nos sirve que nos den libertad para elegir centro si nos ofrecen e imponen el mismo menú en todos. Esto lo hemos sufrido con las leyes de la ideología de género, un ataque brutal a la libertad de todos los padres». En este sentido, propuso el Pin parental y el cheque escolar, dos medidas, dijo, «para defender la libertad y la igualdad de oportunidades».

La última intervención corrió a cargo de Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, que acudió en representación del Partido Popular. Comenzó con un mensaje a la ministra: «Me llama la atención que volvamos a dar una vuelta de tuerca a cosas que ya estaban claras y asentadas». Para Albert son numerosas las sentencias que reconocen «la posibilidad de los padres a decidir la educación de sus hijos según sus convicciones morales y eso lleva al tipo de centro». «Una deriva de la otra», apostilló.

Con todo, la representante del PP cree que el PSOE al final va a estar «del lado de los constitucionalistas y no va a girar hacia los nacionalistas ni los populistas». «Está en juego el futuro de España. No podemos dejar que se impongan los deseos de una parte minoritaria de la sociedad, la que representa Unidas Podemos, que quiere una Iglesia pública, única y laica. Nosotros no tenemos que aceptar eso».

Precisamente, el Partido Popular se reunió este lunes con representantes de la concertada, un encuentro que presidió el presidente del partido, Pablo Casado, y tras el que se comprometió a defender a este tipo de educación: «Para garantizar la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos no puede haber una oferta única como pretende la izquierda».