Contra la eutanasia

Quitarse la vida es algo que desgraciadamente ocurre en proporciones alarmantes. En sí mismo es un acto que valora la moral, pero también de relevancia jurídica en cuanto afecte a derechos o deberes de otros. Su efecto irreversible y el valor de toda vida humana explica la instintiva solidaridad humana que tiende a tratar de disuadir e incluso impedir en lo posible tal acción.

Lo que pretende el Gobierno con la proposición legislativa presentada en el Congreso por el grupo socialista, soslayando los controles propios de las iniciativas gubernativas, es legitimar que alguien pueda matar a otro o facilitarle que pueda matarse cuando conste que él lo quiere. Esto son ya, siempre, conductas plenamente relevantes para el derecho y el Estado. Y, aunque la proposición dispone supuestas garantías de que sea efectiva, firme y libre la voluntad del que dice querer morir a manos de otro o con la ayuda de otro, lo cierto es que permite que un ser humano acabe con la vida de otro o le ayude de manera determinante a acabar con ella. No solo se subvierte el deber propio de la solidaridad social de ayudar a mantener dignamente la vida, sino que se avala la violación del más fundamental de todos los derechos humanos, el derecho a la vida, sustento de todos los demás (contraviniendo el artículo 15 de la Constitución), cuya renuncia o excepción es incompatible con la dignidad de toda persona humana, proclamada por el artículo 10.1 de la CE.

De aprobarse tal propuesta de ley se lesionaría además el derecho a la protección de la salud, que garantiza el artículo 43 de la CE, y tanto la denegación de este derecho como el más grave quebranto del derecho a la vida vendrían a vejar específicamente a determinadas personas, con daño del principio de igualdad (artículos 1 y 14 de la CE), lo que sería tanto más inconstitucional en cuanto se incumplieran los mandatos de nuestra Constitución de tratar con especial cuidado a los que su artículo 49 denomina «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos» (y a los que los poderes públicos han de amparar especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I de la Constitución otorga a todos los ciudadanos) y el artículo 50 «ciudadanos durante la tercera edad».