Conflictos en el Amazonas: 118 asesinatos y 167.559 familias afectadas

167.559 familias sufrieron los efectos de los al menos 1.308 conflictos activos que se registraron en la región panamazónica entre 2017 y 2018, muchos de los cuales se prolongan hasta hoy. Así se afirma en el Atlas panamazónico de conflictos socioterritoriales, que se presentó este miércoles.

Elaborado en red por diversas organizaciones bajo la organización de la Comisión Pastoral de la Tierra, este estudio pretende registrar los conflictos en las regiones amazónicas de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Son solo cuatro de los nueve países que conforman la Amazonia, pero cubren el 85 % de su territorio.

Brasil, que se extiende por el 60 % del área panamazónica, fue el país más afectado tanto en número de conflictos (995) como de familias afectadas (131.309). En Perú los conflictos tocaron a grupos sociales grandes, por lo que solo 69 conflictos implicaron a 27.279 hogares, frente a Colombia, donde 7.040 familias fueron víctimas de 227 conflictos. En Bolivia (todavía con Evo Morales en el Gobierno), 17 conflictos golpearon a 1.931 hogares.

118 asesinatos

En el tiempo que abarca el estudio, se registraron 118 asesinatos de líderes y miembros de los grupos implicados. Brasil registró la mayor parte de ellos (80), así como de los intentos de asesinato (100), amenazas de muerte (225) y agresiones (115), en un contexto creciente de criminalización de líderes y de personas de las comunidades en conflicto: 351 personas fueron detenidas, presas o sometidas a procesos judiciales por causa de la defensa de sus territorios.

Pero, en relación con el territorio, resultan también muy elevados los asesinatos en la Amazonia colombiana. Ya en un contexto posterior a la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC, este país registró 36 muertes violentas, el 30,5 %, cuando el país representa apenas el 10 % de la superficie panamazónica.

Agricultura y extractivismo

En casi la mitad de los casos (43 %), la causa detrás de los conflictos son la agricultura y ganadería (cultivo de soja, algodón, palma, eucalipto, etc.), seguidas del saqueo de maderas (13,1 %), la construcción de centrales hidroeléctricas (5 %) y la minería (4,9 %). Aunque la situación no es homogénea en todos los países. Por ejemplo, en Brasil el agronegocio supone el 60 % de casos; mientras que en Perú predominan la minería y la extracción de hidrocarburos (56 %), en Bolivia el saqueo de madera (43,2 %) y en Colombia la construcción de infraestructuras de transporte (39,6 %), con un 11,9 % de conflictos relacionados con cultivos ilícitos.

Paradójicamente, un 3,8 % de los conflictos están relacionados con iniciativas medioambientales, ejecutadas sin tener en cuenta a las comunidades que habitan los territorios: creación de parques de conservación, implantación de proyectos de crédito de carbono, protección de partes de los bosques, etc.

Otro tipo de violencia registrada y analizada es la que afecta a los bienes. En total, se produjeron 401 casos de desalojo o expulsión de las tierras, y 380 de destrucción de casas y otras instalaciones.

Saber más para fortalecer a las comunidades

Los grupos sociales afectados por estos conflictos varían de un caso a otro: indígenas, comunidades tradicionales como ribereños o recolectores de caucho, afrodescendientes y colonos y pequeños agricultores, con frecuencia inmigrantes de otras zonas. Estos últimos sufrieron el 42 % de los casos en Brasil, mientras que en Perú los más afectados (78 % de los casos) fueron los indígenas y, en Bolivia, estos junto con los campesinos.

Josep Iborra, miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra que participó en el proceso de sistematización de los datos, subrayó durante la presentación que el Atlas «nos permiten tener una visión general cualificada y que unifique nuestra perspectiva sobre lo que está pasando en toda la Amazonia». Este conocimiento facilita «crear redes» para fortalecer a las comunidades implicadas, que están luchando por sus tierras.

REPAM / Redacción