«Con 100 camas de UCI libres, no querían ingresar a ancianos»
Opositores a la eutanasia en Holanda y Bélgica denuncian los criterios utilitaristas que rechazaban en los hospitales a personas procedentes de residencias para no saturar unas UCI que nunca estuvieron desbordadas. Pero también ven «una gran oportunidad» en el efecto que la pandemia puede tener en el debate sobre la muerte provocada
Los Países Bajos y la vecina región alemana de Renania del Norte-Westfalia tuvieron un número de infectados por coronavirus bastante similar: 269 y 212 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. Sin embargo, en la región germana fallecieron muchos menos (el 4,2 % de los enfermos) que en los Países Bajos (12,8 %) o Bélgica (16,2 %), dos países donde la eutanasia es legal. Y entre las muertes en estos países, una cantidad muy considerable se produjo entre ancianos.
También ha sido «desproporcionado el número de personas que murieron en residencias sin ser llevadas al hospital ni administrárseles oxígeno» ni siquiera con una mascarilla, sin necesidad de intubar. Alemania, por el contrario, «se esforzó mucho en dar atención hospitalaria a todos los pacientes que la necesitaban. En algunos casos se ingresó a hogares enteros de ancianos», narra el activista holandés Henk Reitsema, responsable en Holanda de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia.
El escenario holandés puede resultar familiar. Pero, a diferencia de lo ocurrido en Italia o España –matiza–, se produjo sin que los hospitales estuvieran desbordados. Tampoco lo estaban en Bélgica, confirma el enfermero de cuidados paliativos Eric Vermeer, donde también se animó a las residencias a no trasladar a los mayores. Y, aunque «a día de hoy no se ha confirmado» que hubiera instrucciones de «privilegiar a un paciente de 40 años frente a uno de 70», sí conoce «testimonios de que las personas mayores que llegaban a urgencias no tenían la misma atención que una joven».
Esta gestión estaba motivada por el «miedo» a que aumentara la demanda de cuidados intensivos, explica, aunque «no había problema de camas y en ningún momento se tuvo que rechazar a nadie». En Holanda, de hecho, «en el momento más grave de la crisis, había 100 camas de UCI sin usar, porque se había aumentado considerablemente su número», añade Reitsema. Algo similar ocurrió con las pruebas de coronavirus: sin haberse alcanzado la capacidad máxima de procesarlas, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medioambiente decidió no hacérselas al personal geriátrico. «Una decisión catastrófica que ha costado demasiadas vidas».
«La sociedad ha despertado»
El prestigioso médico Frits Rosendaal, miembro de la Real Academia Holandesa de las Artes y las Ciencias, presumió en unas declaraciones de las que se hace eco Aleteia de que en su país el sistema sanitario no se había desbordado precisamente por estas decisiones. Las veía muy distintas de las tomadas en Italia, donde «ingresan en la UCI a pacientes que nosotros no aceptaríamos por ser demasiado viejos». Una mentalidad que su compatriota Reitsema atribuye al valor que se da en cada país «a la vida de los ancianos, vista a través de nuestras políticas de eutanasia».
Más cauto se muestra el enfermero belga Vermeer, que a pesar de estar convencido de que «la eutanasia es un problema muy grave en el que espero que España no caiga», no cree que haya influido directamente en esta situación. De hecho, piensa que la pandemia ha contribuido a que «se la deje de lado», al menos de forma temporal. «Hemos visto al mundo político y médico combatiendo por la supervivencia de los pacientes», y también el «temor del mundo de la eutanasia a que [el apoyo] se enfriara este mes».
«Es una gran oportunidad. La sociedad ha despertado a lo terrible que es la pérdida de vidas, también ancianas», coincide Reitsema. «Me ha animado mucho la gran disponibilidad para asumir el sacrificio de renunciar al contacto social para proteger a los mayores», aunque se haya producido al mismo tiempo que decisiones médicas con las que se muestra muy crítico. Y a pesar de que, al mismo tiempo, el Tribunal Supremo ratificaba el 21 de abril la absolución a una geriatra que administró la eutanasia a la fuerza a una paciente con demencia que la había pedido hacía años pero que en el momento de morir la rechazó. Son fenómenos «paradójicos», pero que el activista espera que den «perspectiva para un nuevo impulso en el debate».
En Ontario (Canadá), el 75 % de las muertes por COVID-19 se ha dado en residencias como la de la imagen, en Pickering. El impacto en algunas ha sido tan grande que tuvo que intervenir el Ejército. Según un informe divulgado por la radiotelevisión pública, los militares descubrieron graves negligencias: mantener juntos a pacientes con coronavirus y sanos, usando el mismo equipo sin desinfectar con ambos; trato agresivo; falta de higiene (dejarles horas con el pañal empapado o no bañarlos en días), presencia de insectos y comida podrida…
En esta provincia, el protocolo de triaje indicaba que, en caso de saturación de los hospitales, se excluyera de los tratamientos o no se admitieran ingresos desde residencias de personas «que es muy probable que mueran en el futuro próximo incluso si se recuperaran» del COVID-19. En algunos escenarios, se consideraba alta una probabilidad del 30 %. El protocolo, elaborado por el doctor James Downar, expresidente del comité médico asesor de la entidad proetuanasia Morir con Dignidad, incluía entre sus criterios de selección la «utilidad» social del enfermo.