Cómo invertir en cristiano

Tras el estallido de la crisis financiera de 2008 las Iglesias cristianas se preguntaron por las razones que condujeron a la peor crisis desde 1929. El reto era doble: aportar una lectura moral de lo ocurrido y, como responsables de administrar miles de millones de euros, evitar ser cómplices en el futuro de prácticas financieras indebidas, aun cuando fuera por omisión o por puro desconocimiento.

En unos países más y en otros menos, la realidad es que no todo ha sido siempre una gestión transparente e impecable. Desde fajos de billetes guardados en bolsas de plástico en monasterios, a inversiones millonarias en sociedades de inversión con prácticas poco acordes a la moral cristiana, sobran los ejemplos que han puesto en evidencia la necesidad de mayores controles y una cultura financiera mucho mejor formada en las instituciones cristianas.

Recuperar una «brújula ética»

La crisis dejó al descubierto todo un entramado de prácticas inmorales de ingeniería financiera alimentadas con la especulación inmobiliaria y el dinero de unos inversores a los que se prometía rentabilidades cada vez más altas. Pinchada la burbuja, se abrió un fuerte debate, especialmente intenso en el mundo anglosajón, explica el presidente de la fundación vaticana Centesimus Annus – Pro Pontifice, el español Domingo Sugranyes. «Las Iglesias cristianas se interesaron por este tema con espíritu crítico y constructivo», algo que facilita el hecho de que «el mundo anglosajón no tiene problemas con la idea de corregir los defectos de la economía de mercado sin por ello echar a perder sus enormes ventajas», añade.

La propia fundación Centesimus Annus está ofreciendo su contribución a la remoralización de las finanzas con el llamado Proceso de Dublín. En diversos encuentros organizados en el Vaticano (2013), Dublín (2014), Malta (2016) y Madrid (2017), empresarios, economistas y expertos en doctrina social de la Iglesia (DSI) han hablado sobre cómo recuperar una «brújula ética» y «trazar las líneas de un sistema financiero al servicio del bien común». «Es indispensable rediseñar esa brújula ética, fundada en principios y virtudes tradicionales, pero adaptándola a los problemas de hoy», dice Sugranyes.

Una de las conclusiones básicas es que «hay que aterrizar el discurso moral» y aplicar en el manejo de la economía de los hogares e instituciones «un comportamiento prudente, crítico y constructivo», añade. Y cita en este sentido una institución recién creada por la Iglesia anglicana, la Just Finance Foundation, que ha llevado a 3.200 escuelas primarias del Reino Unido un programa de sensibilización sobre las repercusiones morales de nuestros ahorros e inversiones. «¿Para cuándo una iniciativa en este sentido en la Iglesia y en la escuela católica española?», se pregunta.

El ejemplo de los anglicanos muestra además que las buenas prácticas no están reñidas con la eficiencia. La cartera de inversiones de la Iglesia de Inglaterra, que en 2016 manejó un patrimonio de 7.900 millones de libras (algo más de 9.000 millones de euros) obtuvo una rentabilidad del 17 %, el doble que algunos de los principales fondos del país. En los últimos 30 años, la rentabilidad anual media fue del 9,6 %, un 6 % por encima de la inflación.

Colaboración con la gran banca

En España, no hay datos globales sobre las inversiones de las instituciones católicas, aunque con el nuevo software que, desde este año, comienzan a aplicar las diócesis, se unificarán los criterios contables y será posible disponer de ese tipo de información. A modo de atisbo, según filtraciones recientes, el Banco Popular administraba antes de su intervención unos 5.400 millones de euros de organizaciones católicas. La Iglesia española ha mostrado tradicionalmente predilección por esta entidad, con directivos y criterios de actuación cercanos a la doctrina católica hasta fechas recientes.

Otros bancos han mostrado interés por captar el ahorro católico. Caso paradigmático es el del fondo Responsabilidad Conservador del Banco de Santander, cuyo ideario ético ha sido redactado por representantes de la Fundación Pablo VI, perteneciente a la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que es titular la Conferencia Episcopal. De una cantidad inicial de 300.000 euros en 2003, el fondo ha pasado a administrar hoy un patrimonio superior a los 1.000 millones, lo que le convierte en uno de los mayores fondos éticos de Europa.

«Para nosotros, ha sido un reto abrir camino a la doctrina social de la Iglesia en el ámbito financiero», afirma el subdirector de la fundación, Fernando Fuentes. Tras redactar el ideario del fondo (actualizado en octubre de 2016), profesores de esta universidad conforman, junto a expertos externos, un Comité de Vigilancia y Asesoramiento que evalúa si las inversiones propuestas por el Santander son efectivamente conformes a la DSI en aspectos como la protección de la vida humana, el respeto de los derechos humanos, la defensa de la paz, el cuidado del medio ambiente, la protección y promoción de la salud y la responsabilidad social de la empresa. «A veces tenemos que decir: “en esto no se puede invertir”?». ¿Muchas veces? «Algunas veces», responde Fernando Fuentes. «Ese es nuestro diálogo permanente con la gestora».

Responsabilidad Conservador es un fondo ético y, además, solidario, lo que significa que una parte de la comisión de gestión se destina a fines sociales. En 2016, hizo una aportación a Cáritas por valor de 5,1 millones de euros. Para este año, junto a Cáritas serán beneficiarias también CONFER y Manos Unidas.

Otro ejemplo de fondo ético y, a la vez, solidario, es Temperantia, lanzado por el banco suizo Julius Bär, que actúa según criterios de la DSI y dona parte de la comisión de gestión a los conventos de clausura en España y a Ayuda a la Iglesia Necesitada. En una línea similar, Gestión de Fondo Educativo, dirigido por María Vázquez Ferrándiz, está destinado principalmente a fundaciones y organizaciones religiosas.

Alternativas viables

«A algunas personas les cuesta entender que la Iglesia esté metida en este tipo de relaciones con bancos, porque se tiene una idea de que lo financiero es una especie de mundo perverso, pero ¿qué pasa entonces con las congregaciones religiosas? Necesitamos ofrecerles alternativas en las que poder invertir. ¿Y qué pasa con esos ahorradores que tienen su dinero en acciones, y no quieren financiar determinadas cosas ni tampoco asumir riesgos excesivos?», se pregunta Fernando Fuentes.

«La banca ética –añade– supone una experiencia muy interesante, pero a día de hoy su capacidad en España es todavía limitada». Por eso «hace falta que la DSI llegue también a las grandes finanzas».

Coincide en esa apreciación Domingo Sugranyes. «En la época del big data y de las fintech, no se puede soñar con crear pequeños bancos caseros por muy bien intencionados que sean», afirma. Dicho lo cual expresa su convencimiento de que «las grandes instituciones financieras que consigan salir adelante y reformarse en la radical transformación actual serán las que practican las finanzas éticas». A corto plazo tal vez los atajos funcionen, pero la experiencia de estos últimos años demuestra que tarde o temprano el divorcio entre las finanzas y la economía real acaba saliendo caro.

Criterios comunes para todas las diócesis

La Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal (CEE) mantiene desde 2013 encuentros periódicos con los ecónomos de las 70 diócesis españolas. «Trabajamos los temas que están en la calle y que preocupan, vemos cuáles son las prioridades, ponemos en común las experiencias…». Entre esos temas, figuran las normativas sobre las exenciones fiscales o la adaptación a las leyes contra el blanqueo de capitales, explica Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la CEE. Fue por esta vía como se llegó a la elaboración del manual de inversiones financieras –vinculante para la CEE y recomendado para las diócesis– aprobado por los obispos en noviembre de 2016.

El punto de partida fueron los protocolos vigentes en distintas diócesis, con la idea de formular unos criterios comunes para todas y extender las buenas prácticas a aquellas diócesis que todavía no tuvieran unas normas establecidas para sus inversiones. Junto a ese manual, que la CEE no ha hecho público, se previó la creación de un comité para velar por el cumplimiento de esos principios. El órgano aún no está formalmente constituido, pero ya han empezado a reunirse los ecónomos de las provincias eclesiásticas.

«Las diócesis son independientes en su gestión», matiza Ester Martín. «Trabajamos por la vía del convencimiento. Lo que sí estamos obligados a hacer es marcar unas líneas mínimas que todas deben cumplir». Y «aunque cada una puede alcanzar estos objetivos comunes por la vía que prefiera», hay en los últimos años una apuesta clara de los obispos por «homogeneizar» criterios de gestión, ya que esto redunda en «una mayor transparencia».

Se garantiza así que «no vamos a salirnos de una inversión responsable que se corresponda con la actividad de la Iglesia», añade la directora de la Oficina de Transparencia. Formulado en negativo, se ponen los medios para evitar que «alguien mal asesorado o alguna persona que llega nueva, aunque sea con la mejor voluntad, no siga las directrices correctas». O no las adecuadas para un ámbito de Iglesia, donde además de evitar financiar prácticas contrarias a la moral católica, es obligado extremar la prudencia, porque «administramos un dinero que no es nuestro, sino que nos ha sido confiado para ponerlo al servicio del anuncio del Evangelio», añade Martín.

Pero también «queremos crecer juntos, enriquecernos todos mutuamente». El planteamiento –aclara Ester Martín– no se agota en el ámbito de las inversiones financieras, sino que simultáneamente se están poniendo los pilares para una colaboración interdiocesana que abarca aspectos como la contratación de personal y de servicios como grandes obras, poniendo en común «el conocimiento de los expertos con el punto de vista de los ecónomos, que son los que están pegados al terreno».