Comisiones sobre abusos, ¿para qué?

La conciencia sobre los casos de abusos sexuales a menores y la necesidad de crear entornos seguros ha ido creciendo en el seno de la Iglesia. Si bien es cierto que la Santa Sede lleva insistiendo sobre la cuestión desde principios del siglo XX, también lo es que los esfuerzos se han intensificado en los últimos años con el pontificado de Francisco. En algunos países, la respuesta ha estado determinada por graves escándalos como en Estados Unidos, Irlanda, Chile o Bélgica, incluso a través instancias de organismos oficiales como parlamentos o fiscalías. También en nuestro país, donde los casos que han salido a la luz han exigido una respuesta de la Conferencia Episcopal, de diócesis y de congregaciones religiosas.

Una de las medidas estrella –la han puesto en marcha diócesis, congregaciones…– es la creación de equipos de trabajo en forma de comisión, delegación u oficina para la recepción de denuncias de víctimas y su atención posterior. El secretario g eneral de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, avanzó la semana pasada tras la reunión de la Comisión Permanente que el decreto general que se ha elaborado –los obispos están a la espera de la autorización de Roma– incluye la obligación a las diócesis de crear cauces para que las víctimas dirijan sus denuncias. Una medida sobre la que ya había insistido el Papa Francisco en el motu proprio Vos estis lux mundi, del pasado mes de junio.

Delegación episcopal

En nuestro país, una de los primeros organismos de este tipo que se creó fue el de la diócesis de Astorga con la Delegación Episcopal de Protección de los Menores y Acompañamiento a las Víctimas y que está formada por un abogado, una psicóloga y un sacerdote. La psicóloga María José Díez Alonso es la responsable. «Ahora mismo estamos revisando el protocolo para actualizarlo con las normas incluidas en el motu proprio del Papa; estamos trabajando en al prevención, velando que todas las instituciones diocesanas cumplan el protocolo, por ejemplo, en selección de personal, formación…; y la labor más complicada y oculta, el acompañamiento a las víctimas», explica en conversación con Alfa y Omega.

Aunque la diócesis está en situación sede vacante por el fallecimiento del obispo Juan Antonio Menéndez, la delegación no ha dejado de trabajar en este asunto. El vicario general, de quien dependía el organismo, es ahora el administrador apostólico.

El trabajo realizado por esta pequeña diócesis es una referencia a nivel nacional y está sirviendo de ejemplo a muchas otras, con las que comparte su itinerario o asesora. Una circunstancia que no les exime de una trayectoria difícil, incluso con críticas por parte de algunas víctimas, aunque siempre han intentado estar cerca y dar una respuesta en la medida de sus posibilidades.

Para María Teresa Compte, presidenta de la asociación de acompañamiento a víctimas Betania y experta en victimología, cada institución eclesial debe preguntarse, antes de crear una comisión en materia de abusos, para qué la quiere. Y, luego, elegir los nombres que la formarán y que, en su opinión, deberían ser ajenos a la propia institución: «No se puede ser juez y parte». Es consciente de que no existe un modelo único, pero afirma que «la Iglesia tiene que investigar, no como una alternativa a la justicia legal, sino como un ejercicio de toma de conciencia». «Investigar hace que toda la Iglesia se comprometa en un proceso de reconocimiento de los hechos, de un examen de conciencia institucionalizado. En este sentido, las comisiones son efectivas, eficaces y reparadoras y suponen la asunción de responsabilidad, porque la Iglesia tiene sus propias responsabilidades», añade.

Para Compte, además de la investigación, los organismos eclesiales tienen que «hacerse cargo de aquellas personas a las que se ha dañado y cuyos derechos y dignidad han sido vulnerados. «Y eso –continúa– no es posible si antes no se escucha a las víctimas. No hay manera de saber cuál es la dimensión del daño personal que los abusos suponen si no se escucha a las víctimas. Y escuchar no es solo tomar nota, sino escuchar para reparar, para tomar decisiones de persecución del delito».

En su opinión, el modelo francés es óptimo, pues conjuga una comisión independiente que estudia los casos desde 1950 y luego trabaja en colaboración con la mayor asociación de víctimas, La parole libérée.

Susana Pradera, psicóloga clínica y responsable de Entorno Seguro de la Compañía de Jesús en España, coincide con Compte en la importancia de que se escuche a las víctimas para llevar a cabo un cambio de cultura en esta materia a nivel eclesial. «En todas las formaciones que hago, bombardeo con testimonios de víctimas. Recuerdo, en una reunión en Roma, que el cardenal Farrell contaba cómo al principio tenía algunas reticencias en materia de abusos, pero añadía que la escucha de las víctimas le había cambiado. No vamos a cambiar hasta que no escuchemos a las víctimas», añade en conversación con Alfa y Omega.

Pradera es la referencia de los jesuitas en protección del menor en toda la provincia española. Cuenta con el apoyo de un consejo externo, que asesora al provincial, y al que se le pueden hacer consultas sobre la evaluación del sistema y podrá hacer mejoras para generar una cultura del buen trato (prevención) y sugerir medidas y acciones para la atención a las víctimas y sus entornos (intervención). Este consejo, que se ha puesto en marcha con el inicio del nuevo curso, se reunirá tres veces al año.

Escucha y atención a las víctimas

Además, se está trabajando en las comisiones de escucha para la atención a víctimas. Aunque ya surgieron cinco de manera inmediata ante necesidades concretas, la intención de los jesuitas es que se articulen a través de cada una de las plataformas apostólicas –social, educativa, pastoral…– y estén integradas por gente formada para ello. A priori, estas comisiones se encargarán de acoger y recibir a las víctimas, de ayudarlas con los procedimientos que tienen que seguir y está en estudio si se van a encargar también del acompañamiento más personal, de las terapias concretas o si se van a derivar a otros recursos. «La casuística de las víctimas es muy variada y cada situación necesitará una respuesta concreta», detalló.

Ya está terminado un manual que se publicará a lo largo de este mes y que incluirá toda la información necesaria en materia de abusos sexuales a menores y a adultos vulnerables: definiciones, aspectos legales, cómo hacer mapas de riesgo, protección de datos… Un texto que se complementará con la formación a los actores de los distintos sectores en los que están presentes los jesuitas. Porque, insiste Pradera, «queremos provocar un cambio de cultura, de modo que todo esto no vuelva a ocurrir». Por eso su enfoque va más allá de dar respuesta a casos concretos, que también, sino a generar procesos dentro de la Compañía que impidan nuevos casos.

En una línea parecida trabaja otra importante congregación religiosa, que prefiere no aparecer citada, y que ha apostado por la creación de un comité independiente cuyos miembros no pertenecen a la congregación y cuyo criterio se escucha ante cualquier caso relevante. Sus nombres no se hacen públicos para que «su libertad e independencia» no se vean comprometidas.

Otro modelo de abordar la protección del menor es por el que ha optado la Escuela Pía de Cataluña, que ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Fundación Vicki Bernardet, especializada en abusos sexuales a menores, para reforzar sus actuaciones en materia de prevención, detección y actuación. Esto se materializará en formación a profesores, charlas con las familias y trabajo en el aula con los alumnos.