COMECE pide leyes y un marco fiscal adecuados para la economía social

COMECE pide a la UE leyes y un marco fiscal adecuados para la economía social

Los obispos de la UE presentan su aportación al Plan de Acción de la UE sobre este sector, que emplea a 13,6 millones de personas en la Unión

María Martínez López
Carifood Economía Social
Cafetería Carifood, de Cáritas Madrid, en la escuela de Magisterio, Escuni, de Madrid. Foto: Archimadrid / José Luis Bonaño.

El mercado «no debería ser solo un intercambio basado en el cálculo de las ganancias individuales» que se desean obtener. Antoine Hérouard, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), ha afirmado que ha de ser también «un lugar que deje espacio a la “riqueza relacional”»; es decir, que «cree alianzas, una pertenencia común y un cuidado mutuo entre seres vivos».

Es lo que pretenden las organizaciones de la economía social, es decir, aquellas entidades que priorizan los fines sociales y medioambientales, reinvirtiendo en ellas mismas la mayor parte de sus beneficios. COMECE ha dado a conocer este lunes su aportación al proceso de consulta que sobre ellas está llevando a cabo la Comisión Europea. Este diálogo contribuirá a desarrollar el Plan de Acción de Economía Social, presentado por la Comisión el 9 de diciembre de 2021.

Para los obispos europeos, este plan «resuena mucho con el trabajo de las organizaciones y los fieles cristianos, que apoyan su implementación». Precisamente esta labor ha inspirado las aportaciones de la Iglesia, que se enviaron a la Comisión Europea el 30 de septiembre, y que este lunes se han hecho públicas.

Principios de la doctrina social de la Iglesia

COMECE ofrece algunas propuestas para desarrollar plenamente el potencial de la economía social en todos los Estados miembros de la UE. Para ello, considera necesario que adapten sus políticas nacionales y sus marcos legales a las necesidades específicas de los actores de economía social.

En este sentido, el documento recomienda «definir claramente los criterios para pertenecer a la economía social». Sería necesario, además, «mejorar el acceso a los fondos europeos, a la financiación pública y a la inversión privada», así como «promover un marco fiscal» para la economía social que facilite la creación de empleos y el crecimiento sostenible de las empresas. Por último, invita a «la integración de la economía social dentro de las estrategias industriales de cada Estado miembro de la UE».

De forma más general, desde COMECE proponen que todo lo relacionado con la economía social se aborde desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entre ellos, citan como más relevantes en este ámbito «el bien común, el destino universal de los bienes, la dignidad de la persona humana, la justicia social, la subsidiariedad y la opción preferencial por los pobres». La contribución de los obispos al Plan de Acción de Economía Social ha sido elaborada por un grupo de trabajo ad hoc. Lo ha dirigido la uruguaya Elena Lasida, profesora del Instituto Católico de París.

Amplia tradición en España

En Europa existen 2,8 millones de entidades de economía social, que buscan producir un impacto positivo en la sociedad. Dan empleo a 13,6 millones de personas. Abarcan gran variedad de sectores, desde los servicios asistenciales al reciclaje, y adoptan diversas formas, desde cooperativas hasta empresas sociales.

Este sector, informa Efe, tiene una amplia tradición en España: existen en este país unas 43.000 empresas de economía social, según la Confederación Española de Empresarios de Economía Social (CEPES). Aportan en conjunto el 10 % del PIB nacional y suponen el 12,5 % del empleo total.

67 de estas entidades están vinculadas a Cáritas, sobre todo a través de las Cáritas diocesanas. Se trata de empresas de inserción —el tipo más común—, fundaciones y centros especiales de empleo que desarrollan 241 actividades económicas. Cataluña concentra el 22,4 % de las entidades, seguida por Castilla y León con el 10,4 %. Le siguen Andalucía, Castilla La Mancha y el País Vasco (8,9 % cada una). Hay presencia en 16 de las 17 autonomías.