Colombia clausura la Semana por la Paz en medio de disturbios

La archidiócesis de Bogotá celebrará este sábado, 12 de septiembre, una Vigilia por la Vida. La iniciativa ha partido del arzobispo, monseñor Luis José Rueda Aparicio, «ante los graves hechos de violencia que han sucedido en los días recientes en Bogotá». Desde el miércoles, se suceden las protestas en la capital y en otras localidades en contra de la violencia policial tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, que falleció en la madrugada del miércoles cuando estaba bajo custodia policial. Horas después, en los primeros disturbios, murieron diez personas.

La archidiócesis hace «un llamado vehemente» a que todos participen en la cita. «Quiere ser un llamado a todos los ciudadanos para unirse en aras de construir la paz, proteger la vida y tender puentes de reconciliación. Al mismo tiempo será una voz de rechazo a toda violencia, venga de donde venga».

Ordóñez formaba parte de un grupo de unas ocho personas que estaban discutiendo, bajo los efectos del alcohol, en la calle. Alguien llamó a la Policía, y el enfrentamiento con los Comandos de Acción Inmediata acabó con varios agentes arrodillados sobre Ordóñez mientras le aplicaban numerosas descargas eléctricas mientras él suplicaba «por favor, por favor, me ahogo». El vídeo de lo ocurrido se hizo viral en redes sociales.

Negación de derechos en el Chocó

La Vigilia por la Vida de Bogotá se produce en el marco de la 33ª edición de la Semana Nacional por la Paz que convoca la Iglesia en el país latinoamericano del 6 al 13 de septiembre. La necesidad de seguir pidiendo la paz en el país se ha constatado en varios momentos de los últimos días. Por ejemplo, los obispos de las diócesis de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó, en el departamento del Chocó (uno de los más afectados por el flagelo de la violencia) suscribieron el martes con organizaciones sociales y etnicoterritoriales un comunicado donde levantan la voz para denunciar «el difícil momento que vivimos a causa de la negación sistemática de derechos y de la violación del Derecho Internacional Humanitario».

Los firmantes denuncian los efectos «que causan sobre nuestro pueblo y el territorio la deficiente presencia del Estado, el incremento de las agresiones de los actores armados y la corrupción que frena el desarrollo de las comunidades».

Ante esta dramática situación, «seguiremos en la tarea de acompañar a las comunidades para hacerles sentir la cercanía de la sociedad civil». Luego anuncian su propósito de reanudar en los próximos días las misiones de vigilancia y verificación en los territorios interiores «para oír, documentar y visibilizar las diferentes situaciones que obstaculizan el goce efectivo de derechos de las comunidades».

Salvar la credibilidad del Acuerdo de 2016

También los obispos de la provincia eclesiástica de Cali (que incluye Palmira, Cartago, Buga y Buenaventura) hicieron público un día antes un mensaje con motivo de la Semana Nacional por la Paz. Insistían en su petición de que «todos los implicados en el conflicto» armado que bajo diversas apariencias golpea el país a «deponer las armas y los invitamos, junto con el Gobierno, a cambiar esta historia de muerte y destrucción iniciando un diálogo y salvando la credibilidad del Acuerdo de La Habana».

Se refieren al histórico acuerdo firmado en 2016 en la ciudad cubana entre el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), después de tres años de intensas negociaciones y no menos de 52 años de violentos enfrentamientos que han causado más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y siete millones de desplazados.

COVID-19 y defensa del medio ambiente

Cuatro años después, los obispos piden reflexionar sobre la «vergonzosa violación de los derechos humanos» que se sigue produciendo en el país y sobre la necesidad de proclamar «la igual dignidad de todos, sin discriminación alguna». El pensamiento de los prelados colombianos se dirige, en particular, a los afroamericanos y a los jóvenes del país, «masacrados en nuestras tierras, cárceles y ciudades». Por ello, pedían un «pacto colectivo eclesial, social y nacional» para que los jóvenes puedan vivir en «un país más equilibrado e inclusivo».

El mensaje abordaba otros temas relevantes. En el contexto de la pandemia de COVID-19, llamaba a buscar «una mayor igualdad entre los que tienen más posibilidades y los que no las tienen para sobrevivir y construir su futuro». Los obispos esperaban también que la pandemia pueda traducirse en una gran enseñanza global, transformándose «en el cuidado de nosotros mismos, de nuestra familia, del prójimo». Otras reflexiones de los obispos incluían el cuidado de la casa común, la situación en las cárceles y la realidad de los migrantes.