CIE y COVID-19: un doble encierro

Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) son, según denuncian habitualmente las organizaciones sociales y, entre ellas, la Iglesia, una medida de política cosmética para trasladar a la opinión pública que se está actuando en materia migratoria. Una afirmación que, además, se sostiene con datos. Según las cifras recabadas por Alfa y Omega, los internos en los seis CIE abiertos en nuestro país –el de Valencia está inactivo por obras– en la última semana superaban los 150. Una cifra que contrasta con los migrantes que han entrado de forma irregular durante el mes de enero: 3.214. «Es una mala lotería», dice Josep Buades, director de la Asociación Claver y coordinador de Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes.

La pandemia todavía la refuerza más, aunque esta no haya sido el motivo principal del cierre de los CIE entre marzo y septiembre. Lo fue la imposibilidad de realizar deportaciones y por eso ahora, con una situación sanitaria más complicada en algunas regiones, estos se mantienen abiertos y recibiendo internos. El último en reactivarse tras su remodelación fue el de La Piñera, en Algeciras, con chicos desde finales de enero. Hace una semana solo había tres, según detalla Buades, que los pudo visitar.

La mayoría de los que habitan tras los muros de estos lugares son marroquíes –aunque también hay grupos de subsaharianos– llegados en patera. Muchos llegan del Rif, una zona muy deprimida a nivel social y económico y, además, con un conflicto político con el resto de Marruecos. Entre ellos hay solicitantes de asilo, migrantes económicos y personas con residencia en la UE que se quedaron atrapados en Marruecos por la pandemia durante una visita a la familia – y que decidieron embarcarse en una patera para volver–; también hay personas que llevan ya diez años en España, la mitad en la irregularidad. Hay migrantes como varios senegaleses que consiguieron volar a Barcelona desde Canarias y que fueron detenidos nada más bajar del avión e internados en el CIE tras haber estado en libertad en las islas. O un joven marroquí que sufrió la misma situación y que fue enviado al centro de Aluche, en Madrid. Allí lo doblegó el sufrimiento e intentó suicidarse. Fue expulsado.

No ha sido el único caso de intento de lesión en este centro, según explica Ana Bosch, abogada y responsable de visitas al CIE de Pueblos Unidos. También refiere «mucha presión policial» y varias huelgas de hambre.

La COVID-19 está afectando mucho a los internos en todos estos centros. No solo por las limitaciones de estos lugares para cumplir todas las medidas que aconsejan las autoridades sanitarias, sino también porque se hace más difícil la atención por parte de las organizaciones sociales que los visitan.

Sin visitas en Barcelona

En Barcelona, los voluntarios de Migra Studium no han vuelto a entrar en el CIE tras la reactivación en octubre. Según explica Josetxo Ordóñez, responsable del grupo de visitas, la presión de las entidades sociales provocó que uno de los jueces de control –hay dos– reconociese que son un derecho de los internos, pero la otra resolvió que estaban suspendidas por la pandemia. «Son resoluciones contradictorias ante las que el fiscal ha pedido una aclaración».

En estos momentos también están restringidas las entradas de ONG a los centros de Barranco Seco (Las Palmas), Sangonera (Murcia) y Hoya Fría (Tenerife). En los dos últimos hay sendos brotes de COVID-19. En Murcia los cuatro positivos, según explica Juan Guirado, de la ONG Convivir Sin Racismo, han sido derivados a un recurso humanitario, mientras que en Tenerife los positivos están pasando la cuarentena en el propio CIE. «No es un espacio preparado para personas enfermas ni para controlar los contagios», explica Arancha Méndez, responsable de Migraciones en Cáritas Diocesana de Tenerife.

Como en Madrid, donde contagiarse de COVID-19 en el CIE supone un encierro más. Las cuarentenas, explica Ana Bosch, se pasan en una celda sin comunicación, sin contacto con nadie, con la única distracción del teléfono móvil durante cuatro horas al día, las estipuladas para todos los internos. «Nos preocupa cómo puede afectar esto a la salud mental de las personas y cómo se está controlando, sobre todo, cuando ha habido intentos de suicidio», añade la abogada.

Con todo, las condiciones de estos lugares no parecen las más adecuadas para salir indemnes de la COVID-19. En Murcia no tienen aseo en la celda ni lavadora; solo una pila y una valla para tenderla. En Algeciras no hay detergente, mientras en Madrid no cuentan con gel hidroalcohólico, solo jabón. En estos y otros CIE tampoco tienen ropa para cambiarse y no está claro el protocolo para la sustitución de mascarillas: o no se facilitan o se dejan a la consideración del propio interno.