Cerco a la hospitalidad

«La solidaridad y el amor al prójimo no deberían ser criminalizados», dice Helena Maleno, juzgada en Marruecos por tráfico de personas y por favorecer la inmigración ilegal. ¿Su delito? Auxiliar a migrantes que se juegan la vida al intentar cruzar el Estrecho. Otros 45 activistas afrontan acusaciones similares en Europa

Ricardo Benjumea 14 de Diciembre de 2017

Helena Maleno, con la familia de una de las víctimas de la playa de El Tarajal. Foto: Caminando Fronteras

«Un proceso judicial claramente destinado a criminalizar el trabajo que desarrolla desde hace años como defensora de los derechos humanos». Así describe el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, José Luis Pinilla SJ, la causa contra Helena Maleno, española residente en Tánger acusada por la justicia del país vecino de complicidad con las mafias que trafican con migrantes. Maleno, de la ONG Caminando Fronteras, atiende desde hace 15 años a subsaharianos en tránsito hacia Europa. Cuando se aventuran a cruzar el Estrecho, es su número el que marcan en caso de emergencia en alta mar.

El nombre de la activista ha estado en el candelero a raíz de numerosas denuncias de abusos policiales a uno y otro lado de la frontera. La más mediática fue la dirigida contra la actuación de guardias civiles en la playa ceutí del Tarajal, donde 15 jóvenes perdieron la vida en febrero de 2014 tras recibir el impacto de balas de goma mientras intentaban llegar a nado desde Marruecos. Más recientemente, a finales de agosto de este año, denunció la muerte de al menos siete mujeres que trataban de llegar a Melilla en patera tras una devolución en caliente efectuada por las Fuerzas de Seguridad españolas. La Asociación Pro Guardia Civil insistió entonces al director general del cuerpo «a que se querelle de una vez por todas contra Helena Maleno» por injuriar «sistemáticamente» a los agentes.

La polémica coincidió con una campaña contra ella tras las críticas que lanzó en un programa televisivo contra la actuación de un policía nacional en la frontera. Respaldada por otras 75 organizaciones, Caminando Fronteras denunció el linchamiento en forma de insultos y amenazas telefónicas y en las redes sociales. A la cadena de mensajes de odio en Twitter se sumó el Sindicato Unificado de Policía, con un lenguaje correcto pero que justificaba la campaña contra Maleno. La activista sufrió un intento de asesinato en Tánger en 2014 delante de agentes de la Policía marroquí, que permanecieron impasibles.

Otros 45 activistas investigados

El caso de esta española no es único. El sacerdote eritreo Mussie Zerai afronta desde agosto una acusación en Italia sustentada igualmente en llamadas de migrantes que se lanzan a la desesperada al mar (en su caso, desde Libia) con el número teléfono de este cura que, en caso de emergencia, facilita su localización a los guardacostas italianos o las ONG con barcos en la zona. Según un informe de la organización británica Institute of Race Relations, al menos 45 activistas han afrontado en los últimos dos años acusaciones de este tipo en Europa, entre ellos tres bomberos sevillanos de Proem-Aid, detenidos en enero de 2016 en Lesbos (Grecia) al regresar de una misión de rescate. Actualmente se encuentran en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

«Hay un peligro de criminalización de la labor de las organizaciones que defienden los derechos humanos porque su trabajo resulta muy molesto al exponer ciertas situaciones y contradicciones de las políticas europeas», afirma a este semanario Francisco Segovia, de la Fundación Abogacía, del Consejo General de la Abogacía Española. «El caso de Helena es muy claro», añade. «Desde el momento en que se la acusó, hemos estado haciendo un seguimiento de su caso y dando nuestro apoyo, en contacto con otras organizaciones, desde la convicción de que no ha cometido ningún delito y de que solo está defendiendo los derechos de los migrantes».

El vicepresidente del Consejo General de la Abogacía acompañó el 5 de diciembre a Helena Maleno en su comparecencia ante el Tribunal de Apelación de Tánger, donde la activista –asistida por el Consulado español– logró una primera victoria, al conseguir el aplazamiento de la vista hasta el día 27 para «poder estudiar el expediente judicial». Hasta ese momento ni siquiera tenía claro de qué se la acusa.

«Por momentos pienso que es una pesadilla», dice Maleno desde Marruecos a Alfa y Omega. «Esto es demasiado grande para lo pequeña que yo soy. Creo en la vida, nadie debería morir en el mar. La solidaridad y el amor al prójimo no deberían ser criminalizados».

Miembros de Pro Activa Open Arms durante un rescate en la isla de Lesbos en 2016. A la izquierda, Òscar Camps. Foto: Proactiva Open Arms

Maleno muestra confianza «en la justicia marroquí». Sus críticas van más bien dirigidas contra las autoridades españolas. «Pienso en lo que la Policía española ha llegado a decir de mí y no me lo puedo creer», afirma.

Desde su entorno hablan de «persecución». Toda la acusación se sostiene en llamadas de socorro intervenidas de inmigrantes a Helena Maleno, explica el hijo de la activista, Ernesto G. Maleno. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), perteneciente a la Policía Nacional, remitió las conversaciones a la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía archivó las acusaciones en abril de 2016.

El mismo informe de la UCRIF sostiene ahora las acusaciones en Marruecos, donde ya la justicia desestimó en el pasado otras causas contra ella. «Lo que no sabemos es quién lo ha trasladado, pero es el mismo informe», aseguran desde la organización Women’s Link, que coordina la red de apoyo a Helena Maleno de unas 80 organizaciones, entre ellas la Coordinadora de ONGD, la Red intereclesial Migrantes con Derechos o el Servicio Jesuita a Migrantes.

Según la legislación española –resaltan las mismas fuentes–, el delito de trata, cuando ha sido cometido por un ciudadano español, aunque sea en el extranjero, le corresponde juzgarlo a la Audiencia Nacional. Al haberse archivado esa causa en España, no cabe la colaboración para su reapertura en otro país, pero una mano negra ha intervenido para que las cosas transcurran de otra forma.

Miles de miradas

Es un asunto muy serio. Por eso muchas personas e instituciones civiles y religiosas han salido en defensa de Helena Maleno

La cosa viene de lejos. En febrero de 2013 tuve ocasión de apoyar junto a 18 entidades sociales –muchas eclesiales– de toda España la iniciativa Salvemos la hospitalidad, que centralizaba las acciones que rechazaban la persecución penal por la ayuda a las personas en situación administrativa irregular, como se incluía en el borrador de reforma del Código Penal promovida por el Gobierno de entonces. La asistencia humanitaria y la solidaridad no se podían perseguir en ningún caso cuando eran movidas por la hospitalidad y el altruismo. Muchísima gente anónima y sencilla corría el riesgo de ser penalizada por cumplir el mandato evangélico de Mateo 25: «Tuve hambre y me disteis de comer, fui forastero y me acogisteis»… El Gobierno rectificó, pero hasta entonces mucha gente estaba asustada.

El 14 de enero de 2016, tres heroicos voluntarios bomberos sevillanos, Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, partieron en mitad de una noche gélida a intentar rescatar posibles supervivientes de un dingui (bote de la muerte) naufragado lleno de niños, frágil embarcación como una nuez en medio de las olas de un mar inmenso lindando con la costas una isla griega y, por tanto, en territorio de la Unión Europea. Pertenecían a la ONG humanitaria Proem-Aid (Professional Emergency Aid), asentada temporalmente en Lesbos. Eran funcionarios españoles ayudando solidariamente a funcionarios griegos desbordados. Pero al llegar a la base de Lesbos, una patrulla de la Guarda costera griega les requirió para un registro exhaustivo. Fueron acusados de tráfico de personas «en grado de tentativa», y de posesión de armas. Como prueba de su acusación señalaron el cúter reglamentario en los uniformes de rescate (menos mal que sus cascos de seguridad no los tomaron como cascos de combate). Fueron liberados previo pago de una fianza de 5.000 euros cada uno. Se encuentran a la espera del juicio penal, que se celebrará en mayo de 2018. En su momento, el 19 de octubre de 2016, el comisario de Inmigración de la UE, Dimitris Avramopoulos, recibió a los bomberos españoles con más de 132.000 firmas contra la criminalización de la ayuda humanitaria.

Testigos incómodos

Me tengo por amigo de Òscar Camps, a quien facilitamos un encuentro con el Papa para que pudiera entregarle su testimonio sobre las más de 70.000 personas rescatadas por su organización, Proactiva Open Arms, en el año 2016. A Francisco le entregó como recuerdo un chaleco salvavidas de una niña que no pudieron rescatar, ahora colocado como símbolo del nuevos dicasterio que se ocupa de migrantes y refugiados. Recientemente declaraba: «Primero en 2015 nos vendieron que peligrosos terroristas vendrían en barcas con los refugiados sirios en el Egeo…, después fue que se podría producir un efecto llamada». Para Camps, el objetivo no era otro que «generar una corriente de opinión contra las ONG», porque dejan en evidencia la falta de una operación de salvamento integral y eficaz y son «testigos incómodos» de una realidad, la del Mediterráneo, insostenible. «Llevamos varios años con estas prácticas y ahora parece que son delictivas», criticó el presidente de Proactiva. «Somos perseguidos», remachaba. Temieron incluso en su propia vida cuando fueron secuestrados en septiembre pasado durante dos horas por guardacostas libios que amenazaban con disparar si la tripulación en rescate no acataba las órdenes.

En noviembre de 2017, basándose en el trabajo de organizaciones de toda Europa, el reconocido Institute of Race Relations empieza a investigar y proporcionar datos de 26 estudios sobre casos que involucran procesamientos para 45 actores humanitarios acusados de actuar contra las leyes contra el contrabando o inmigración desde septiembre de 2015. Un paso más que va a conseguir (Dios no lo quiera) que la solidaridad humana termine en las puertas de Europa. Ese informe desvela la gran contradicción que supone castigar y disuadir a los que buscan mantener un mínimo de decencia al rescatar a las personas en peligro en el mar. El informe pide una exención de la penalización de la ayuda humanitaria en un marco jurídico dentro de los instrumentos internacionales.

A primeros de este mes la defensora de derechos humanos Helena Maleno Garzón recibió una visita de la Policía, que la citaba ante la justicia marroquí acusada de tráfico de seres humanos e inmigración clandestina. Un proceso judicial claramente destinado a criminalizar el trabajo que desarrolla como defensora de derechos humanos, desde 2001 en la frontera sur, en una labor de apoyo permanente al derecho a la salud, educación, identidad y a la vida de las personas migrantes. Es un asunto muy serio. Muchas personas e instituciones civiles y religiosas –entre ella la Red de la Iglesia Migrantes con Derechos– han salido en su apoyo y defensa.

Hace unos días, como hace diariamente, nos avisaba: «Nos despertamos con una patera a remos en el Estrecho. En ella viajan dos mujeres, un embarazada». Tras el primer impacto escribió: «He hecho una llamada a Salvamento Marítimo para saber algo de la patera desaparecida desde hacía dos días, y desgraciadamente me explican que hay un fallecido. Entonces se me caen las lágrimas por otra muerte más. Les digo que tal vez esta sea una de las últimas llamadas que les hago». Y culmina su relato: «Pienso que llegaré ante el juez, me mirará, le explicaré y entenderá todo. Y finalmente todas seguiremos llamando a Salvamento cuando sea necesario para salvar vidas».

Sabe que tras el cruce de miradas ante el juez, este podrá descubrir otras miles y miles. Entre ellas la tuya y la mía.

José Luis Pinilla Martin, SJ.
Director del Secretariado de Migraciones de la CEE