Cáritas y otras 32 entidades insisten en una ley integral contra la trata
Han entregado un informe al grupo de expertos GRETA del Consejo de Europa, que visita hasta el 8 de julio España para evaluar la respuesta a esta problemática
La Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), formada por 33 entidades, entre ellas las eclesiales Cáritas o Proyecto Esperanza, ha vuelto a insistir en la necesidad de la aprobación de una ley integral de protección y atención a las víctimas de trata de seres humanos que abarque todas las modalidad. Además, exigen la dotación de instrumentos legales, institucionales, políticos, de acción y de presupuesto para su implementación.
Así lo pone de manifiesto en el informe que acaba de entregar al Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa —más conocido por el acrónimo GRETA—, de visita en España hasta el 8 de julio en nuestro país para evaluar la respuesta de nuestro país ante esta problemática y, en particular, en materia de acceso a la Justicia y los recursos efectivos para las víctimas de trata.
En grandes rasgos, la RECTP pide que en todos los procedimientos se siga una perspectiva de derechos humanos que sitúe a las víctimas en el centro, que se aborden todos los tipos de trata, sea cual sea la finalidad de explotación, nacional o internacional e independientemente del estatus administrativo de la víctima y que se refuercen las medidas de protección y asistencia.
Por ejemplo, piden que se ponga a disposición de todas las víctimas en la fase administrativa y por parte del Estado de un servicio servicio de orientación jurídica gratuito. En estos momentos, la asistencia está limitada a las personas que presentan denuncias y, por tanto, si no ejerce de acusación no tiene derecho a un abogado. También denuncian que el acceso a recursos también está determinado por esta acción.
Del mismo modo, reclaman que se garanticen las indemnizaciones y que, en caso de declararse insolvente el acusado, las asuma la Administración. En este sentido, propone la creación de un fondo de compensación estatal específico que sea garantizado a través de los bienes decomisados.
Otras propuestas son la recopilación sistemática de datos sobre trata de seres humanos —en finalidades diferentes a las trata con fines de explotación sexual son escasos—, una recomendación que GRETA ya había realizado en su último informe sobre nuestro país o la elaboración de una estrategia de prevención de trata y reducción de la demanda, que tenga en cuenta los fenómenos de las redes sociales, la pornografía y sancione a los consumidores de servicios de explotación.
Visita a asentamientos de Huelva
Durante estos días, el grupo de expertos GRETA recabará información del Gobierno, instituciones públicas y entidades sociales para ofrecer un análisis, al tiempo que visitará zonas críticas. Una de ellas son los asentamientos de temporeros de Huelva, donde Cáritas trabaja con otras entidades en la detección de víctimas de trata. Allí estarán este viernes, 8 de julio.
Según la RECTP, han aumentado los casos de mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual que, una vez consiguen salir de estos contextos, acaban en el sector agrícola, «donde son explotadas laboralmente con jornadas interminables de trabajo, escasa remuneración económica, contratos laborales precarios y con intentos de abusos sexuales».
La entidad refiere también que en la campaña de la fresa en Huelva se han dado casos de mujeres que entran con contratos para trabajar en este sector y son llevadas a Almería o Murcia para ser prostituidas.